[Traducido del inglés]

El 2 de junio, México celebrará las mayores elecciones de su historia: están en juego 20 708 cargos en todos los niveles de gobierno, incluido el más alto cargo del país. Las encuestas indican que la probable vencedora en las presidenciales será la exalcaldesa de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, candidata del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), física de formación y protegida del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Al momento de escribir este comentario, mantenía una ventaja del 22 por ciento sobre su principal competidora, Xóchitl Gálvez, en el promedio de los sondeos de opinión más recientes. Gálvez es una exsenadora que se presenta como candidata de una alianza ecléctica formada por su propio Partido de Acción Nacional (PAN), de centro-derecha; el antaño dominante Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centro-izquierda. Todo parece indicar que será la primera vez que México elija a una mujer presidenta. Un tercer candidato, Jorge Álvarez Máynez, del centro-izquierdista Movimiento Ciudadano, se sitúa muy por detrás, con alrededor del diez por ciento de los votos. Si los sondeos no fallan, será también la primera vez que este país mayoritariamente católico elija a una jefe de Gobierno de origen judío.

Cuando Gálvez, conocida por decir lo que piensa, anunció su candidatura el pasado mes de junio, pareció dar vida a una carrera que muchos veían ya ganada. Pero las preferencias de los votantes apenas se han movido a su favor desde entonces. La oposición mexicana sigue teniendo un grave problema de credibilidad. Los gobiernos encabezados por el PAN y el PRI (que gobernó México como partido único durante 70 años hasta el 2000 y de nuevo del 2012 al 2018) se han visto manchados por acusaciones de corrupción y han sufrido una pérdida de confianza pública debido a políticas de seguridad mal concebidas que fueron incapaces de frenar la altísima violencia de México. De hecho, esos enfoques tendieron a aumentar la inseguridad. A pesar de los esfuerzos de Gálvez, la oposición aún tiene que establecerse como una fuerza competitiva fuera de ciertas regiones. 

MORENA va viento en popa en las encuestas: el 50 por cuento de los votantes dicen que votarán por el partido gobernante o por uno de sus socios menores, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Esto se debe en gran medida a la aparentemente inquebrantable popularidad de su fundador y carismático líder, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO. Impulsada por la ola de “AMLOvers” y alabando los logros del presidente, Sheinbaum se ha comprometido a llevar los esfuerzos del gobierno actual al “segundo piso”. 

MORENA afirma ser exactamente lo contrario de todo lo que estaba mal en México hasta que tomó el poder en 2018; ya sea corrupción, desigualdad, neoliberalismo o un sistema interesado y corrupto. Durante largas conferencias de prensa celebradas cada mañana de lunes a viernes, López Obrador defendió hasta el cansancio lo que ha denominado la “Cuarta Transformación” de México, un proceso de regeneración social y ética que busca construir a partir de los logros de tres periodos anteriores de cambio radical en los siglos XIX y XX . 

La pieza central de su administración ha sido la asistencia social para las personas con más bajos ingresos. El gasto récord en programas sociales incluye un aumento del 444 por ciento de 2018 a 2022 en las pensiones para los ancianos. Según los informes, estos y otros subsidios directos llegan ahora a más de un tercio de la población. Junto con la duplicación del salario mínimo, entre 2018 y 2024, estas medidas han contribuido a reducir las tasas de pobreza moderada en torno al 6 por ciento; aunque en contraste, las tasas de indigencia han aumentado ligeramente, ya que los hogares más pobres ahora reciben menos transferencias monetarias que en la administración anterior. Los candidatos de MORENA han sugerido en actos de campaña que la continuación de estos apoyos estatales depende de la victoria del partido. Ese mensaje parece haber ganado adeptos entre el público: según una encuesta, el 37 por ciento de los votantes cree que un cambio de gobierno conducirá a una eliminación o reducción de estos subsidios.

La economía mexicana ha sido boyante durante el mandato de López Obrador, excepto durante el primer año de pandemia, lo que le ha ayudado a avanzar en sus objetivos de reducción de la pobreza. Las remesas procedentes del extranjero han alcanzado máximos históricos y la moneda nacional, el peso, se ha mantenido fuerte en los mercados financieros internacionales. México también se beneficia de la actual tendencia a la deslocalización (o nearshoring), proceso por el cual las industrias trasladan sus centros de producción más cerca de sus mercados, y ha convertido al país en un centro cada vez más importante para el comercio mundial, especialmente con EE. UU. De hecho, el año pasado México registró un superávit comercial de 152 000 millones de dólares con EE. UU. 

Sin embargo, a pesar de lo que dicen los funcionarios del Gobierno, no todo es color de rosa. López Obrador sostiene que ha desbancado a la “mafia del poder”, una referencia a la antigua clase política que se hizo famosa por manejar los hilos del Estado en beneficio propio. Sin embargo, los críticos han señalado que muchos antiguos miembros del PAN, el PRI y otros partidos han encontrado un nuevo hogar en MORENA, lo que pone en duda que haya surgido una nueva forma de hacer política. Tampoco han disminuido las acusaciones de corrupción. Pero el presidente ha tendido a descartar cualquier atisbo de crítica como ataques apenas velados de enemigos en los medios de comunicación y la oposición que temen perder sus privilegios. 

Quizá el flanco más débil del gobierno sea la seguridad. Aunque la tasa de asesinatos registrada ha empezado a descender, se han registrado más de 185 000 homicidios bajo el mandato de López Obrador, un nuevo récord para un mandato presidencial, y la violencia en la que participan grupos criminales fuertemente armados sigue haciendo estragos en regiones como Zacatecas, Baja California, Colima y Michoacán. Las afirmaciones oficiales de que ahora hay “paz y tranquilidad” en todo el país simplemente no reflejan la realidad. Aunque la distribución de la violencia es desigual, con el 42 por ciento de todos los asesinatos concentrados en sólo diez de los 32 estados, la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los mexicanos. 

Otro aspecto muy controvertido del gobierno de López Obrador es la erosión de los controles y equilibrios democráticos. Ha acusado a los tribunales y a los organismos autónomos de supervisión, como el Instituto Nacional Electoral (encargado de organizar las elecciones) de corrupción y comportamiento partidista. Al mismo tiempo, ha entregado en gran medida a las fuerzas armadas la seguridad pública, así como una creciente lista de responsabilidades que solían estar bajo control civil. Como se analiza en el reciente informe de Crisis Group, López Obrador, sin embargo, no ha intensificado de manera paralela la supervisión de las fuerzas armadas. Las acusaciones de que el ejército ha actuado en connivencia con grupos criminales, cometido violaciones de derechos humanos e incurrido en sobornos se han acumulado sin que se hayan investigado de forma apropiada. 

Voces críticas, tanto nacionales como internacionales, han advertido que México está sufriendo un grave retroceso democrático. Encuestas recientes muestran una caída del apoyo a la democracia (ahora es del 35 por ciento, frente al 43 por ciento del año anterior) y una mayor aceptación pública tanto del protagonismo de los militares como del gobierno autoritario (33 por ciento frente al 22 por ciento en 2022). Pero incluso si la próxima presidenta busca concentrar aún más el poder en sus manos, el margen de maniobra para hacerlo seguramente será limitado. Aunque parece factible que MORENA retenga la presidencia, es poco probable que el partido consiga las mayorías de dos tercios en ambas cámaras del Congreso que necesitaría para impulsar las enmiendas constitucionales que se requerirían para desmantelar los organismos autónomos de supervisión.

Desde que se abandonó el régimen de partido único, el país ha celebrado elecciones nominalmente libres. Pero los ciudadanos respetuosos de la ley y los grupos de interés no son los únicos que deciden quién ocupa los cargos y ante quién responden. Mientras que el crimen organizado creció bajo el ala protectora del PRI durante las décadas de gobierno autoritario del partido, los grupos criminales mexicanos también se han adaptado a la democracia y han prosperado en ella. De hecho, en este momento, estos grupos han logrado arrebatar parte del control a las instituciones estatales y de seguridad. 

Conseguir un punto de apoyo en el Estado se ha convertido en algo esencial para la supervivencia y el crecimiento de los grupos delictivos. Esto ayuda a perpetuar la impunidad, conseguir información crucial y ventajas operativas, lo que en algunas ocasiones se traduce en apoyo directo de las fuerzas de seguridad. Estos vínculos ilícitos también pueden generar nuevas fuentes de ingresos al permitir a las organizaciones criminales acceder a contratos y nóminas públicas. En entrevistas con Crisis Group a lo largo de los años, los líderes criminales y sus intermediarios han destacado repetidamente la singular importancia de llegar a acuerdos favorables con las fuerzas de seguridad y los funcionarios electos. De lo contrario, aumenta la amenaza de que las bandas rivales les ganen. Las víctimas de esta competencia suelen ser las personas atrapadas en el medio, especialmente los candidatos políticos, los funcionarios estatales y la policía a nivel local, donde la competencia entre el poder criminal y el Estado es más descarada. Un total de 32 candidatos han sido asesinados hasta ahora en el periodo previo a las elecciones de junio, lo que las convierte en las más letales de la historia moderna de México.

La oleada de víctimas de asesinatos en algunas áreas cerca a los periodos electorales refleja el creciente control de los grupos criminales. Con un mayor poder sobre la población civil, estos grupos disponen ahora de los medios necesarios para participar en el juego electoral. Pueden, por ejemplo, contribuir con bloques de votos a candidatos seleccionados de zonas bajo su influencia: el día de las elecciones y antes de ellas, se persuade a los lugareños, o se les dice a punta de pistola, por quién votar. A veces cometen fraudes electorales flagrantes rellenando papeletas. También intimidan a los políticos que no se pliegan a su voluntad y canalizan donaciones ilícitas a sus candidatos preferidos. El quid pro quo que los grupos delictivos esperan a cambio de un candidato electo es poder opinar sobre sus decisiones futuras. 

Los retos de México en materia de seguridad se han agravado en los últimos seis años. López Obrador formuló inicialmente una estrategia holística para frenar el poder criminal, que abarcaba una lucha frontal contra la corrupción y un esfuerzo por abordar las condiciones socioeconómicas que llevaron a algunos de los ciudadanos más pobres de México a unirse a grupos criminales. Prometiendo “abrazos, no balazos”, se comprometió a distanciar a su gobierno de los planteamientos de seguridad de gobiernos anteriores. Pero con el tiempo ha optado por una vía distinta, y ha recurrido a las fuerzas armadas en una medida nunca vista en la historia reciente de México. Tras crear una fuerza de seguridad completamente nueva, la Guardia Nacional, López Obrador ha desplegado cerca de 300 000 soldados en las calles mexicanas. Aun así, se han hecho pocos esfuerzos para desarticular las redes criminales. Las investigaciones de Crisis Group indican que en zonas como Michoacán, Colima y Guerrero, los grupos ilegales han intensificado su control sobre las economías locales, la población y la política, haciendo que el poder criminal sea hoy un hueso más duro de roer que nunca. En muchas de estas comunidades, las fuerzas de seguridad locales han llegado a acuerdos tácitos con las organizaciones criminales: las fuerzas estatales miran hacia otro lado a cambio de una reducción de la violencia manifiesta. 

Gálvez y Sheinbaum discrepan sobre el alcance del problema, pero ambas tienen propuestas sobre cómo reformularían la política de seguridad. Gálvez se ha comprometido a poner fin a lo que considera una peligrosa estrategia de apaciguamiento de la delincuencia. Sheinbaum ha actuado con cautela para no criticar abiertamente al gobierno saliente. Elogiando su éxito en la reducción de la tasa de homicidios, se ha comprometido a mantener el rumbo. Pero leyendo entre líneas sus propuestas de seguridad, y en conversación con el equipo decididamente más tecnocrático responsable del descenso de los homicidios en Ciudad de México durante su etapa como alcaldesa, surge una valoración bastante más crítica de la política actual y de cómo debería cambiar. 

Ambas candidatas sugieren que las fuerzas de seguridad no dan abasto para hacer frente a la enorme demanda que se les impone y a las amenazas que plantean más de 200 grupos delictivos activos en todo el país. Su valoración es acertada. La tasa de impunidad de los delitos graves ronda el 95 por ciento; los analistas han calculado que incluso si no se añadieran docenas de nuevos casos cada día, el retraso en las investigaciones de homicidios tardaría más de 100 años en resolverse. En consecuencia, las dos candidatas sostienen con sensatez que los recursos policiales deben concentrarse en las zonas más violentas y con mayor índice de criminalidad del país, y que es crucial reforzar la coordinación entre los distintos niveles e instituciones de gobierno. También quieren golpear a las redes ilícitas donde más se perjudica su capacidad operativa: rastreando las finanzas, frenando la corrupción mediante una supervisión más estricta y secando el flujo de armas y municiones hacia México, así como sus principales fuentes de lucro, incluidas las drogas sintéticas y la extorsión.   

En el papel, son medidas prometedoras, pero la cuestión es si se llevarán a la práctica. Desde que el enfoque de mano dura de la "guerra contra el narcotráfico" del ex presidente Felipe Calderón acabó en fracaso, el entusiasmo de los políticos por mejorar la seguridad pública se ha enfriado notablemente. La mayoría de los responsables de la toma de decisiones han optado en cambio por el juego de las culpas, y el gobierno federal acusa a menudo a las administraciones anteriores, a EE. UU. o a los gobernadores estatales de los altos índices de delincuencia. Como le dijo un alto funcionario de seguridad a Crisis Group, en los corredores del poder hay una postura generalmente resignada. Se considera que las zonas de alto conflicto, como Guerrero y Michoacán, “no tienen arreglo” y, por lo tanto, es mejor abordarlas como un enigma de relaciones públicas más que como un problema de política. 

La futura política de seguridad de México puede depender de la postura que adopte EE. UU., sobre todo si las elecciones de noviembre resultan en el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Republicanos del alto perfil  han hecho sonar los sables por el enorme número de muertes anuales de estadounidenses por sobredosis de drogas, que actualmente superan las 100 000 y están relacionadas en su mayoría con las importaciones del opioide sintético fentanilo a través de la frontera sur de EE. UU. En los círculos republicanos también existe un gran resentimiento por la supuesta incapacidad de México para detener los flujos migratorios hacia la frontera estadounidense, a pesar de que el país lleva años actuando como amortiguador de los que transitan hacia el norte. Estas diversas preocupaciones se han unido en crecientes demandas para atacar directamente a los grupos criminales mexicanos. En particular, Trump y algunos congresistas republicanos han planteado la posibilidad de desplegar el ejército estadounidense en suelo mexicano para acabar con los delincuentes y bombardear sus instalaciones, con o sin la aprobación de México. 

El uso de la fuerza militar por parte de EE. UU. en México sin su permiso podría crear un estado de guerra entre los dos vecinos y ser enormemente desestabilizador. Dicho esto, a EE. UU. le costaría mucho doblegar a México. El país tiene una gran influencia en áreas que van más allá de la seguridad: destacan el control de la inmigración, la energía y el comercio (México es ahora el mayor socio comercial de EE. UU.). Los destinos de ambos países están íntimamente entrelazados. Salvo que se produzca un colapso en la relación, lo que perjudicaría gravemente los intereses nacionales estadounidenses, la verdadera pregunta es si la cooperación en materia de seguridad entre EE. UU. y México evolucionará, y en qué dirección.    

En sus entrevistas con Crisis Group, líderes criminales, oficiales del ejército y funcionarios electos en zonas de alto conflicto a menudo insisten en que un enfoque de ley y orden impuesto a la ligera por EE. UU. no funcionará. Los anteriores gobiernos mexicanos han intentado este tipo de tácticas para acabar con los líderes criminales y han resultado un fracaso. Un ejemplo es la estrategia militarizada contra los capos, cuyo objetivo era matar o capturar a capos de alto perfil durante el apogeo de la “guerra contra las drogas”. El tiro salió por la culata: las organizaciones criminales se dividieron, desencadenando nuevas batallas por el control territorial que desestabilizaron México y costaron cientos de miles de vidas. Aun así, es muy posible que la próxima presidenta de México tenga que sortear las insistentes demandas de Washington, bien para pasar a una posición más ofensiva contra los grupos criminales, bien para permitir que EE. UU. tome las riendas.

Mientras tanto, en algunas zonas se están explorando enfoques alternativos para acabar con la violencia por cualquier medio. En Chiapas, los terratenientes están comprando armas para defenderse. En el estado de México, pequeños empresarios y otros objetivos de los abusos criminales discuten cómo organizar alguna forma de autodefensa. En Guerrero, los clérigos negocian acuerdos entre bandas criminales enfrentadas. En Michoacán, una insólita alianza de líderes del crimen y altos funcionarios defiende que el Estado debe actuar como árbitro de los asuntos criminales. “Tenemos que sentarnos con cada grupo y decirles, a partir de este momento, estas son las reglas del juego”, dijo a Crisis Group un miembro del parlamento federal. Y al mismo tiempo espera que, el uso de la fuerza militar, ayude a demarcar los territorios criminales, frenar las luchas y reducir la depredación.       

No hay certeza de que alguna de estas ideas vaya a funcionar. Aun así, forman parte de un pragmatismo emergente en el pensamiento de seguridad mexicano que parece chocar de frente con el creciente fanatismo estadounidense. En lo más alto de la lista de deseos de EE. UU. está detener la llegada del devastador narcótico fentanilo. En México, detener el narcotráfico se está convirtiendo cada vez más en una idea de menor importancia. 

Dicho esto, incluso algunos de los más vocales promotores de un enfoque de mano dura contra México en el Congreso estadounidense han reconocido a Crisis Group, a puerta cerrada, que la solución rápida que están ansiosos por identificar probablemente seguirá siendo difícil de alcanzar. En cambio, están pensando en cómo mejorar el envío de “mensajes” a lo que consideran los grupos criminales más problemáticos. Estas deliberaciones se cruzan con la forma en la que el equipo de seguridad de Sheinbaum, que probablemente asumirá el cargo en octubre, está analizando el problema. También está considerando establecer una jerarquía de los grupos más dañinos. Espera que señalarlos como objetivos prioritarios, tratando de interrumpir su financiación mediante una mejor labor de inteligencia y detenciones de nodos clave de sus redes, haga entender a las organizaciones criminales en general que ciertas prácticas ilegales ya no quedarán sin respuesta. A pesar del ruido electoral en EE. UU., las similitudes en el pensamiento estratégico a ambos lados de la frontera podrían crear el espacio para que los dos países encuentren formas de trabajar juntos.