[Traducido del inglés]

¿Qué hay de nuevo? En la región donde Brasil, Colombia y Perú confluyen en las profundidades de la Amazonía, una variedad de organizaciones criminales aprovecha la escasa presencia estatal, la abundancia de recursos naturales y la pobreza de las comunidades locales para crecer, diversificarse e incubar nuevas empresas criminales transfronterizas. 

¿Por qué importa? La creciente producción de cocaína en Perú y la expansión de otras actividades ilícitas como el dragado de oro y la tala ilegal amenazan los modos de vida de los indígenas, fomentan la violencia letal y atentan contra el medio ambiente. Si estas actividades delictivas no se controlan, podrían socavar el ya frágil control estatal sobre la mayor selva tropical del mundo. 

¿Qué se debe hacer? Tal como prometieron en 2023, los tres países deben reforzar la cooperación en materia de seguridad y, con ayuda internacional, perseguir y sancionar a los responsables de delitos ambientales. Apoyar la creación de medios de subsistencia legales y una colaboración más estrecha con las comunidades indígenas que se encuentran en la primera línea de la expansión criminal son vitales.

En las profundidades de la selva amazónica, la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú se ha convertido en un foco de delincuencia, generando una alarma constante sobre las amenazas que enfrenta la selva tropical más grande del mundo. Envalentonados por el escaso control de las autoridades estatales en esta vasta área, grupos criminales brasileños se han asociado con facciones de guerrillas colombianas y grupos narcotraficantes peruanos. Están involucrados en una serie de actividades ilegales, desde el cultivo de coca y su procesamiento en cocaína hasta la tala de árboles, el dragado en busca de oro y la pesca en áreas protegidas. A medida que aumenta la renta criminal, se dispara el daño ambiental en la Amazonía y la violencia contra la población local, así como los incentivos económicos para que los pobladores locales más necesitados se enlisten en alguno de estos grupos. Para salvar la selva, las fuerzas de seguridad de los tres Estados deben dejar de lado su desconfianza mutua y aprovechar el apoyo internacional para construir una respuesta más eficaz al crimen transnacional. Al mismo tiempo, la protección de la Amazonía dependerá de que las comunidades locales, incluidos los grupos indígenas, puedan encontrar medios de subsistencia lícitos y fortalecer la confianza con las fuerzas de seguridad y los organismos estatales.

La creciente influencia de grupos criminales a lo largo de la triple frontera ha provocado un alto número de asesinatos, muchos de ellos relacionados con disputas territoriales o represalias contra la población local que se atreve a resistirse a la invasión de sus tierras por parte de los grupos. En esta parte de la Amazonía, el nuevo jefe del crimen es el grupo brasileño Comando Vermelho, que se ha impuesto en disputas contra otros dos grandes grupos criminales: la banda local Os Crías y Primeiro Comando da Capital, un grupo inmensamente poderoso que tuvo sus orígenes en São Paulo pero que ahora opera en todo Brasil. Los funcionarios de la fuerza pública creen que Comando Vermelho puede estar actuando en conjunto con el frente guerrillero colombiano Carolina Ramírez, una facción disidente de las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Perú, por su parte, se ha convertido en el motor de la producción de cocaína en la zona, causando graves daños ambientales a lo largo de la frontera. Los cultivos de coca, que crecen en los bosques arrasados, han experimentado un auge en la provincia fronteriza peruana de Mariscal Ramón Castilla, a menudo financiados por inversionistas colombianos o brasileños y aprovechando la mano de obra local para atender los cultivos. La hoja se procesa en laboratorios que vierten contaminantes al suelo y al agua, y el producto final se transporta en gran medida sin control a lo largo del Amazonas y sus afluentes. Finalmente, la mayor parte de la producción se vende en Brasil (el mercado interno más grande de la droga en Suramérica) o se exporta a Europa y África. Parte de ella viaja a través de Ecuador, el país que enfrenta actualmente los peores índices de violencia criminal en la región.

La escasa resistencia que las autoridades estatales pueden oponer a este flujo es rápidamente superada a través de sobornos o violencia. Las organizaciones ilegales con frecuencia reinvierten las ganancias del narcotráfico en otros negocios que causan graves daños ambientales, como la tala, el dragado y la pesca ilegal, permitiéndoles lavar sus ingresos mientras generan aún más dinero. Las comunidades indígenas han intentado defender sus territorios de las incursiones de los grupos criminales, pero muchas afirman no haber recibido apoyo del Estado ni de las fuerzas de seguridad. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario corren especial riesgo ante el auge de la delincuencia. Estas comunidades viven en lo profundo de la selva y han logrado evitar la interacción con la civilización occidental durante siglos. El perímetro ininterrumpido de su territorio, que está protegido por la ley, está a punto de ser vulnerado por taladores, acaparadores de tierras y otros delincuentes, amenazando no sólo su cultura sino también su existencia misma.

El papel fundamental que desempeña la Amazonía en la regulación climática a nivel global es universalmente reconocido. Sin duda ocupará un lugar central en las principales reuniones internacionales sobre el medio ambiente que se celebrarán próximamente en Colombia y Brasil, la COP16 sobre Biodiversidad en octubre de 2024 y la COP30 sobre Clima en 2025, respectivamente, así como en la cumbre del G20 en Río de Janeiro en noviembre.

Pero sin un mayor compromiso por parte de los tres países fronterizos para proteger la Amazonía y a sus pueblos, el crimen organizado seguirá desencadenando violencia, acabando con la selva tropical y perturbando a la sociedad. El inmenso patrimonio natural de la región sólo podrá preservarse si se aplican adecuadamente los mecanismos de protección y se respetan las normas sobre el uso de los bosques, en lugar de subvertirlas con la proliferación de actividades criminales. Es crucial fortalecer la cooperación entre las fuerzas de seguridad de los tres países, así como con otras naciones interesadas. Es la única forma viable de identificar, procesar y, cuando sea necesario, sancionar a los grupos criminales y a los financiadores responsables del mayor daño al medio ambiente y a las poblaciones locales. Además de una mayor coordinación transnacional, las fuerzas de seguridad también deben aprovechar el apoyo y el conocimiento local de las comunidades indígenas y, al mismo tiempo, aumentar las oportunidades para que puedan subsistir a través de medios de vida respetuosos de la ley. Con el respaldo de donantes extranjeros, Colombia, Brasil y Perú deben actuar con rapidez antes de que la delincuencia cause daños irreversibles al corazón de la Amazonía.

La lejanía de la Amazonía es a la vez su característica más preciada y su mayor vulnerabilidad. La región donde Brasil, Colombia y Perú se tocan está particularmente alejada de grandes poblaciones. Con confines demarcados apenas en la década de 1920, la región de la triple frontera se encuentra a miles de kilómetros de las respectivas capitales de estos países, lo cual es una de las principales razones por las que la vida silvestre de la región ha florecido y sus recursos naturales siguen siendo abundantes[1]. Al mismo tiempo, las oportunidades que ofrece la zona para generar ganancias ilícitas están atrayendo cada vez más la atención de poderosos grupos criminales, sobre todo en Brasil.

La zona de la triple frontera es el hogar de comunidades que han custodiado, conservado y protegido la selva. Los pueblos indígenas, incluidos los ticuna, bora, marubo y matis, viven en poblados y asentamientos rurales a lo largo del Amazonas y sus afluentes. Los servicios estatales en estos lugares son prácticamente inexistentes. Los pobladores locales dependen de generadores de gasolina para obtener electricidad intermitente y en muchas comunidades remotas no hay hospitales a menos de un día de viaje. En lo más profundo de la selva, varios grupos indígenas como los mayoruna y los tsohom dyapa viven en aislamiento voluntario[1]. La afluencia de nuevos habitantes, turistas y miembros de grupos criminales supone una grave amenaza para estas poblaciones nativas, ya que trae consigo nuevas enfermedades y la amenaza de la violencia[2]. Por su parte, los principales centros urbanos de la región son las ciudades gemelas de Tabatinga y Leticia en la frontera entre Brasil y Colombia, las cuales en la práctica se han fusionado en un conglomerado urbano que alberga a unos 113 000 habitantes.

La falta de carreteras transitables significa que sólo se puede acceder a la región de la triple frontera por barco o avión. La escasez de negocios lícitos y la ausencia de una presencia estatal robusta, ambas derivadas de la lejanía de la zona, hacen que los empleos sean escasos mientras las actividades ilícitas prosperan[3]. Las tasas de pobreza y homicidios en la zona superan con creces los promedios nacionales, pero como la región está compuesta por áreas rurales remotas y ciudades pequeñas, las autoridades nacionales tienden a pasar por alto los brotes de violencia que se producen allí[4]. Los funcionarios de las fuerzas de seguridad de la región (que se encargan principalmente de la seguridad fronteriza) se quejan de que carecen de los recursos y equipos necesarios para realizar su trabajo.

El papel de la Amazonía en la regulación climática hace que la inseguridad en la triple frontera sea un asunto de preocupación mundial. Al ser la selva tropical más grande del mundo, la Amazonía sirve como un importante sumidero de carbono, absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbono atmosférico. Por su papel central en el ciclo hidrológico, la Amazonía también ejerce una profunda influencia en el clima global y los patrones de precipitación. Su incomparable biodiversidad es esencial para mantener el equilibrio ecológico[5]. Pero a medida que el crimen organizado se extiende por la Amazonía, le impone una alta carga a la región, alimentando la violencia, desintegrando comunidades y agravando la deforestación y otros tipos de degradación ambiental. Además, el daño que las actividades criminales causan a la naturaleza y a las vidas humanas también hace que sea más difícil para los Estados de la zona preservar el ecosistema y su capacidad para mitigar el impacto del cambio climático.

El aumento de la violencia y la degradación ambiental son el resultado de la expansión de grupos criminales en las remotas selvas amazónicas, particularmente por parte de organizaciones brasileñas que hasta hace tan sólo una década operaban principalmente en centros urbanos. De lejos, la organización ilícita dominante es Comando Vermelho, que nació en la prisión Cândido Mendes de Río de Janeiro y fue fundada por Rogério Lemgruber hace casi 50 años. Junto con la poderosa organización Primeiro Comando da Capital (PCC), que tiene alcance nacional, este grupo ha llegado a pueblos en el corazón de la Amazonía y ahora, según informes, operan en Colombia y Perú. El grupo también ha establecido bastiones en las cárceles de Leticia y Tabatinga, presuntamente con el apoyo de funcionarios corruptos[1]. 

En sus incursiones en la Amazonía, Comando Vermelho y PCC siguieron el ejemplo de Familia do Norte, un grupo originario de Manaos, la capital del estado Amazonas, que fue la principal organización criminal allí durante casi una década. A finales de la década de 2000, Familia do Norte forjó lazos con guerrillas colombianas y narcotraficantes en Perú para convertirse en el principal comprador de coca peruana a lo largo del río Amazonas[2]. 

Hace casi cinco años, Comando Vermelho desafió con éxito el dominio de Familia do Norte, con quien había tenido una alianza hasta ese momento, cuando lanzó una nueva iniciativa conocida como Comando Vermelho Amazonas. (Un autodenominado Consejo Permanente de trece miembros en Manaos supervisa esta iniciativa, la cual, a su vez, responde a la dirección del grupo en Río de Janeiro)[1]. A mediados de 2023, se impuso no sólo sobre Familia do Norte sino también sobre uno de sus principales competidores en la región de la triple frontera, Os Crías. Os Crías fue fundada en 2019 por antiguos miembros de Familia do Norte, junto con nuevos reclutas. Os Crías recibió financiación inicial y armamento del PCC, bajo el entendimiento de que los dos grupos contrarrestarían la influencia de Comando Vermelho y tomarían el control sobre las rutas de tráfico.

Ese plan fracasó por falta de disciplina en las filas de Os Crías. “Ellos son jóvenes, personas con quince, dieciséis, hasta veinte años, que no tenían una estructura muy fuerte, muy bien diseñada”, explicó un investigador de la policía brasileña. En algún momento, dijo, la organización tuvo un líder destacado que “les decía qué y cómo hacer”^[2]. Esa persona era un hombre conocido como Brendo dos Santos; cuando fue asesinado en agosto de 2023, Os Crías empezó a desmoronarse[3]. Ante un ultimátum de Comando Vermelho, los integrantes de Os Crías se vieron obligados a unirse a sus filas o arriesgarse a ser eliminados[4]. Como resultado, el ecosistema criminal local ha cambiado drásticamente en los últimos dos años. “Os Crías se acabó”, afirmó un integrante de Comando Vermelho entrevistado en la prisión de Tabatinga. “Ya no existe”[5].

El objetivo actual de Comando Vermelho, según uno de sus integrantes, es afirmar su supremacía en la región de la triple frontera con la esperanza de expandirse a Colombia y Perú. El grupo quiere controlar toda la cadena de suministro de cocaína desde los cultivos de coca en Perú hasta las rutas del narcotráfico en Colombia y las regiones amazónicas de Brasil[1]. Para conseguirlo, ofrecen incentivos a los locales aprovechando la falta de oportunidades laborales lícitas. Los criminales pagan a reclutas, hombres y niños de hasta tan sólo quince años, sumas que oscilan entre los $2000 y $2400 dólares por tareas como transportar cocaína a Manaos, introduciéndolos en la vida delictiva y, con frecuencia, animándolos a reclutar a otros[2]. Comando Vermelho también dice proporcionar ayuda económica, medicamentos y alimentos a familias necesitadas de las zonas que controla. Su principal objetivo, como lo describe uno de sus integrantes, es “conquistarlo todo”, dominar los mercados y las poblaciones locales[3].

En Colombia, Comando Vermelho ha encontrado socios dispuestos a impulsar su expansión. Aunque el conflicto interno que duró más de 60 años en Colombia no afectó en gran medida al departamento de Amazonas, el frente Carolina Ramírez, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) está avanzando en la región[4]. Operando principalmente a lo largo del río Caquetá, que atraviesa el departamento de Amazonas hacia Brasil, el frente Carolina Ramírez parece decidido a aumentar su presencia en la zona de la triple frontera. Inicialmente, extorsionaba a los guardaparques por equipos y combustible. “Fueron recogiendo como el que está haciendo mercado”, se lamentó un funcionario estatal, recordando cómo los guerrilleros le quitaron los motores fuera de borda de su lancha, el combustible y el GPS[5]. En 2020, las tensiones aumentaron cuando el frente guerrillero convocó a funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia a una reunión en la que anunció que a partir de ese momento los empleados estatales tenían prohibido trabajar dentro de reservas naturales designadas, como los parques nacionales del río Puré y Amacayacu[6].

La relación entre el frente y Comando Vermelho se ha fortalecido notablemente durante el último año. El Carolina Ramírez había estado vendiendo cocaína y marihuana producida en Colombia al grupo criminal brasileño, pero en septiembre de 2023, un alto mando del frente, que se hace llamar “El Tigre”, creó una nueva subunidad llamada Frente Amazonas, la cual se dedica al narcotráfico y a la extorsión de mineros ilegales de oro[7]. Según investigadores de la policía, muchos de sus miembros son de nacionalidad brasileña y tienen presencia en el municipio de Japurá, Brasil. Funcionarios de inteligencia advierten que las relaciones entre los grupos guerrilleros colombianos y Comando Vermelho podrían intensificarse, convirtiéndolos potencialmente en la primera gran organización criminal binacional en la Amazonía[8]. 

Ese no sería el único revés para las autoridades estatales. Hasta ahora, el frente Carolina Ramírez ha estado participando en rondas de diálogo con el gobierno colombiano en el marco de la estrategia de “paz total”[9]. Una alianza formal con la organización criminal brasileña podría asestar un duro golpe a las ambiciones de paz de Petro y plantear serios dilemas de seguridad regional[10].

Los grupos criminales se sienten atraídos por la región de la triple frontera en gran medida por las oportunidades que ofrece para controlar el flujo de drogas ilícitas. La escasa presencia estatal en las zonas fronterizas y en la mayor parte de la Amazonía permite a estos grupos acceder sin mayores restricciones a los ríos que fluyen, sin vigilancia, hacia las principales ciudades portuarias de Brasil o, en menor medida, hacia Ecuador. Desde estos puertos, los grupos criminales distribuyen cocaína para consumo interno en Brasil o la envían a lo largo del planeta. Gran parte de los enfrentamientos entre grupos criminales (y el peligro que suponen para la población civil) se pueden atribuir a los esfuerzos por dominar las rutas de tráfico. Al mismo tiempo, estas organizaciones están explotando los recursos naturales de la selva amazónica para diversificar sus fuentes de ingresos y lavar sus ganancias ilícitas. Hasta la fecha, las fuerzas de seguridad de los tres países no han logrado detener esta afluencia de grupos ilegales.

La cocaína es la principal causa de deforestación en la región de la triple frontera, en gran parte porque los grupos narcotraficantes cultivan cada vez más plantas de coca y la procesan dentro de la propia selva. El núcleo de la producción de coca en la Amazonía se encuentra en los departamentos peruanos de Uyacali y Loreto. En Loreto, que limita con Brasil, Colombia y Ecuador, el número de hectáreas dedicadas a cultivos de coca entre 2018 y 2022 casi se triplicó[1]. Según un funcionario peruano, Comando Vermelho les paga a los propietarios de plantaciones y laboratorios para que pongan en marcha sus operaciones, al igual que los inversores colombianos; hasta ahora, se calcula que hay unos 200 laboratorios de procesamiento[2]. Se estima que el 70 por ciento de la cocaína y la pasta base producidas en Perú se trafica luego hacia Brasil, mientras que alrededor del 30 por ciento se lleva a Ecuador, principalmente a través del río Napo. Los agentes de seguridad admiten que la agencia antinarcóticos de Perú, la Dirección Antidrogas, no tiene presencia activa en algunas de las principales rutas de tráfico[3].

El Estado peruano no ha podido frenar el crecimiento del narcotráfico ni la violencia que con frecuencia lo acompaña. Perú tiene una amplia experiencia en proyectos de sustitución de cultivos, mediante los cuales el gobierno incentiva a los productores de coca a remplazarlos por otros cultivos como el cacao. Pero los esfuerzos de sustitución de cultivos en Loreto han fracasado, en gran medida porque los campesinos carecen de financiación, las herramientas técnicas y el acceso a los mercados necesario para llevar a cabo la transición con éxito^[1]. Para controlar la creciente violencia, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en la provincia Mariscal Ramón Castilla en diciembre de 2023. A pesar de los amplios poderes que los agentes de seguridad recibieron con la declaración, éstos afirman que los narcotraficantes tienen mejor armamento[2]. Los grupos del crimen organizado protegen sus laboratorios de coca desplegando una o dos docenas de hombres que portan armas fabricadas en EE. UU., incluidas M16 y lanzagranadas que disparan municiones de 40 mm[3]. “Tenemos un poco de miedo”, dijo un funcionario local. “Pueden matarnos”[4].

Poco o nada de las ganancias producidas por el tráfico de cocaína llega a las comunidades rurales e indígenas de Mariscal Ramón Castilla. La región está sumida en la pobreza extrema, sin carreteras transitables, electricidad ni agua potable. Aunque los narcotraficantes colombianos y brasileños usualmente pagan a los líderes indígenas por el acceso a los territorios de sus comunidades para cultivar coca, estos grupos criminales con frecuencia incumplen los términos de los acuerdos y, en esencia, usurpan la tierra[5]. Los líderes comunitarios se sienten impotentes para enfrentar a los narcotraficantes. Durante un grupo focal organizado por Crisis Group en el departamento de Amazonas en Colombia, un líder indígena describió la tensa dinámica: “Todo el mundo tiene armamento, [los traficantes] ya no hacen caso, nos han amenazado a las autoridades”[6].

Los grupos criminales buscan en las comunidades locales, incluidas las del lado colombiano del río, mano de obra barata para las plantaciones. A los indígenas, en su mayoría hombres jóvenes, les ofrecen grandes sueldos para trabajar en cultivos de coca, pero a menudo se les paga en cambio con pasta base de cocaína, una sustancia seca que no ha sido purificada para convertirla en cocaína y que se puede fumar para obtener un potente efecto. La amplia disponibilidad de esta droga ha provocado un aumento en el consumo, incluso entre los niños[7]. En algunos casos, cuando los recolectores de hoja de coca exigen el pago en efectivo a los propietarios de las plantaciones, son asesinados. En Colombia, los narcotraficantes han amenazado a miembros de la comunidad que disuaden a sus hijos de trabajar en la producción de droga en Perú[8].

El narcotráfico ha sido una importante fuente de ingresos en la región desde la década de 1980, cuando Leticia se convirtió en un centro para el transporte de estupefacientes. El principal responsable fue Evaristo Porras, un narcotraficante conectado con el capo de la cocaína Pablo Escobar, quien estableció el llamado Cartel del Amazonas, que, como su nombre indica, se convirtió en el cartel de la droga más importante de la Amazonía[1]. Aunque Porras murió en 2010, desde entonces la región se ha visto aún más inmersa en el tráfico internacional de drogas[2]. El aumento del cultivo de coca en Perú se traduce en más producto para comercializar. Las organizaciones criminales compiten por el control de las rutas de tráfico, particularmente las que conducen a Manaos, situada en el Amazonas, en la ruta hacia los puertos costeros. También pretenden dominar los mercados locales de drogas, extendiendo su influencia a ciudades brasileñas cercanas a la zona de la triple frontera como Benjamin Constant y Atalaia do Norte, ambas ubicadas en afluentes que son corredores cruciales para el tráfico[3].

Los ríos y afluentes de la cuenca del Amazonas que conectan a Colombia y Perú con el interior de Brasil y los puertos marítimos del Atlántico se han convertido en autopistas acuáticas para el narcotráfico. Las fuerzas de seguridad enfrentan grandes desafíos a la hora de vigilar los ríos que no son muy profundos, en parte porque sus pesadas embarcaciones de metal no son adecuadas para navegar por ese tipo de vías fluviales. Durante la temporada de lluvias, los ríos crecen hasta 15 metros, generando rutas de tráfico adicionales y más oportunidades para ocultarse[4]. El propio Amazonas ha experimentado un enorme aumento en el tránsito de drogas desde 2016^[5]. Al mismo tiempo, se han multiplicado los casos de piratería fluvial. También conocidos como “ratas de río”, estos piratas roban principalmente a los locales, pero en ocasiones atacan a los narcotraficantes con armas de calibre .30 y .50[6]. Fuentes locales afirman que hay agentes de policía directamente involucrados en la piratería. “La policía compra nada, toma y vende”, dijo un líder indígena al hacer esta acusación[7]. Las autoridades lo niegan y afirman que los delincuentes visten uniformes que parecen oficiales para confundir a la gente[8]. 

Los carteles de la droga no dependen sólo de los ríos para llevar sus productos al mercado. Reclutan también a habitantes locales, casi siempre hombres, para que les sirvan de “mulas” y transporten drogas por tierra a través de las fronteras internacionales[1]. Hay algunos indígenas que transportan cargas que pueden llegar hasta los 50 kg a través de la selva hasta puntos de entrega en Brasil. Pasan semanas caminando desde zonas de producción en Perú, a través del Parque Nacional Amacayacu en Colombia y a lo largo del río Putumayo[2]. Llevan cocaína, así como una potente variedad de marihuana conocida como “creepy” que se cultiva en la región andina de Colombia[3]. Antes de emprender su viaje, estos indígenas suelen consultar con chamanes para obtener protección espiritual[4].

Desde 2015, Brasil se ha convertido en uno de los principales proveedores de cocaína para los mercados europeos, pero también tiene una creciente demanda interna[5]. Un miembro de Comando Vermelho afirma que el 95 por ciento de los puntos de venta de droga en Tabatinga, conocidos como bocas de fumo, pertenecen a su organización[6]. En las comunidades indígenas al otro lado de la frontera colombiana, líderes locales también hablan de una creciente tendencia de abuso de sustancias entre los jóvenes. Lo mismo ocurre en ciudades como Leticia y otros pueblos a lo largo de los corredores del narcotráfico[7].

Los grupos criminales se están diversificando cada vez más hacia la tala, el dragado de oro y la pesca ilegal. Estas actividades les permiten lavar el dinero obtenido del narcotráfico: los funcionarios estatales en Brasil hablan de la “narcominería” y de los “narcotaladores” para describir cómo las ganancias de las drogas se reinvierten en las industrias de la madera y el oro[1]. Pero los grupos criminales no sólo se involucran en estas actividades para lavar activos; también están buscando otras fuentes de ingresos menos riesgosas. Debido a que las fuerzas de seguridad se centran en detener la producción y el transporte de cocaína, otras actividades ilegales tienden a ser menos vigiladas[2]. De hecho, en algunos casos, funcionarios estatales corruptos facilitan la comercialización de productos obtenidos ilegalmente proporcionando documentación falsa, lo que les da a estos grupos acceso a la cadena legal de suministro.

Los grupos criminales se han involucrado particularmente en la pesca ilegal. (La actividad es considerada ilegal si se lleva a cabo infringiendo las regulaciones gubernamentales durante ciertos meses del año o en áreas protegidas). Algunas especies de peces amazónicos alcanzan precios elevados, en particular el Arapaima gigas, conocido como pirarucú en Brasil y paiche en Perú. Años de sobrepesca no regulada han agotado las poblaciones de pirarucú, lo que ha llevado a los gobiernos de Brasil, Colombia y Perú a clasificarlo como una especie protegida. Sin embargo, eso no ha afectado mucho el mercado, y quienes logran exportarlo fuera de la Amazonía obtienen ganancias considerables. Mientras que los mercados locales suelen ofrecer pirarucú a precios que oscilan entre $1,50 y $2,50 dólares por kg, en Leticia los precios suben a alrededor de $6 dólares antes de que el pescado sea transportado fuera de la región[3]. Estos márgenes de ganancia han llevado a los narcotraficantes a invertir en grandes operaciones pesqueras, desafiando las regulaciones estatales para prevenir la sobrepesca. Además, hay informes de que los cargamentos de pescado son usados para ocultar narcóticos[4]. 

La tala y el procesamiento ilegal de madera también proliferan en la Amazonía. Para legalizar la madera brasileña talada ilícitamente, los delincuentes utilizan documentos peruanos falsificados. La madera talada ilegalmente en Perú también es llevada a Colombia con documentación falsa[1]. Autoridades locales corruptas facilitan estas actividades y los funcionarios reciben a cambio sobornos de los traficantes de madera[2]. Los narcotraficantes también utilizan la madera para ocultar cocaína^[3].

El dragado de oro, especialmente a lo largo del río Purué (conocido como Puré en Colombia), también ha ido en aumento. Comando Vermelho presuntamente financia operaciones extractivas ilegales en ocasiones y, en algunos casos, compra el oro directamente a los mineros[4]. Los mineros locales también se quejan de que las guerrillas colombianas y oficiales corruptos de la Policía Militar brasileña a menudo extorsionan a quienes trabajan en el río, exigiendo una determinada cantidad de oro por draga minera[5]. 

Las autoridades brasileñas y colombianas han intentado combatir el dragado ilegal, pero sus medidas han resultado ineficaces: después de que los funcionarios de la fuerza pública cierran las operaciones ilícitas, las dragas resurgen. Fuentes afirman que funcionarios estatales corruptos filtran información sobre las operaciones que se van a realizar, lo que permite a los delincuentes hundir las dragas intencionalmente; una vez que las fuerzas de seguridad abandonan la zona, recuperan las dragas o las esconden en ríos afluentes[6]. En abril, se detectaron nuevas dragas en el Parque Nacional Río Puré, incluso dentro de un área de ingreso restringido, preservada para proteger a una tribu indígena en aislamiento voluntario, los yurí-passé (ver Sección V.A). Funcionarios estatales han encontrado más dragas en los ríos Purité y Cotuhé, en el Parque Nacional Amacayacu de Colombia y en la frontera con Perú, durante sobrevuelos[7].

Las fuerzas de seguridad en la zona carecen de equipo, personal y preparación para responder a la violencia y la degradación ambiental provocadas por la expansión del crimen organizado. La policía y otras fuerzas de seguridad en toda la región de la triple frontera reconocen la necesidad de coordinar mejor su lucha contra la delincuencia. “Lo que pasa ahí, nos afecta aquí”, dijo un funcionario colombiano, refiriéndose a la delincuencia al otro lado de las fronteras con Perú y Brasil[1]. El hecho de que ninguna de las fuerzas de cada país pueda perseguir o arrestar a delincuentes fuera de su propia jurisdicción es una de las razones por las que los grupos ilegales pueden operar con impunidad en la región.

Los criminales saben que se pueden aprovechar de las porosas fronteras. Un recluso de la prisión de Tabatinga explicó que los negocios ilícitos, como la entrega de dinero, se realizan a metros de la frontera, lo que permite una fuga rápida si aparece la policía[2]. La policía de Leticia y Tabatinga se comunica a través de WhatsApp, pero debido a la poca fiabilidad de las conexiones a internet en la zona, los mensajes a veces llegan demasiado tarde[3]. Se dice que los principales miembros de las bandas en Tabatinga mantienen un perfil bajo en las afueras de Leticia durante tiempos de mayor escrutinio, evitando encuentros con las autoridades brasileñas en su lado de la frontera[4].

La falta de recursos también dificulta la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar al crimen. La situación de la policía en la ciudad peruana de Islandia, que en efecto es una isla, es reveladora. Sus dos lanchas están dañadas; como resultado, no pueden perseguir a los traficantes de drogas y madera que pasan libremente por el frente de su puesto de control. Los funcionarios reunieron su propio dinero para comprar un enrutador wifi, pero no han podido pagar el servicio de internet y carecen de una impresora que funcione para documentos oficiales[5]. Funcionarios estatales colombianos dijeron a Crisis Group que antes de que el frente Carolina Ramírez prohibiera a los empleados de Parques Nacionales Naturales de Colombia operar en el área, los guardaparques podían monitorear la actividad criminal desde un puesto de control cerca de la frontera donde el río Puré cruza hacia Brasil. “Durante seis años logramos evitar tenerlas [barcazas mineras], así que se puede hacer”, dijo un funcionario estatal[6]. Pero durante la pandemia de COVID-19, el puesto de control fue incendiado, y las barcazas mineras comenzaron a cruzar la frontera desde Brasil[7]. Desde entonces no ha sido reconstruido. 

Con fondos limitados, a las instituciones estatales también les resulta difícil proteger a las comunidades vulnerables y al medio ambiente. La agencia estatal para asuntos indígenas de Brasil, FUNAI, sólo puede operar sobre el terreno con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad debido a las constantes amenazas a su personal, lo que dificulta una respuesta oportuna a las actividades delictivas[1]. Los funcionarios de la FUNAI expresan su preocupación por lo fácil que resulta cometer crímenes con impunidad en los territorios indígenas de la Amazonía[2]. Del mismo modo, en los últimos meses, la policía ambiental de Brasil, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad han reducido las inspecciones de campo destinadas a combatir la deforestación ilegal y la extracción de oro en tierras indígenas[3]. Después de que el gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lograra una reducción del 50 por ciento en la deforestación en su primer año en el cargo en 2023, la caída en el número de inspecciones despierta preocupación de que las prácticas ambientalmente destructivas puedan volver a aumentar[4]. 

Por otra parte, los bajos salarios de los funcionarios estatales han generado una corrupción rampante en los tres países fronterizos. Agentes de policía de la provincia peruana Mariscal Ramón Castilla se han visto implicados en la facilitación del tráfico de drogas e incluso han participado directamente en actividades ilícitas[5]. De manera similar, en Colombia, oficiales del ejército lamentan que los delincuentes puedan “comprar” (léase, sobornar a las autoridades para que les proporcionen) información de inteligencia, comprometiendo los esfuerzos de las fuerzas de seguridad^[6]. Fuentes también le dijeron a Crisis Group que las fuerzas de seguridad brasileñas comparten información con redes criminales. Un coronel del ejército brasileño, por ejemplo, ha sido acusado de recibir cerca de $200 000 dólares en sobornos para informar a los mineros sobre redadas entre 2020 y 2022[7]. En 2023, el secretario de Seguridad del estado brasileño de Amazonas fue detenido por sospechas de colaboración con una organización criminal[8].

Incluso para los estándares de América Latina y el Caribe, la Amazonía ahora sobresale por sus altos niveles de violencia[1]. En 2022, Leticia fue la segunda ciudad más violenta de Colombia, mientras que Tabatinga registró una tasa de homicidios de 80 por cada 100 000 habitantes en 2023, ubicándose entre las más altas de la Amazonía[2]. Gran parte de esta violencia se debe a la competencia entre grupos criminales rivales por negocios ilegales y territorio.

El homicidio de Dom Phillips, corresponsal del periódico británico The Guardian, y de su guía local, el defensor de los derechos indígenas Bruno Pereira, atrajo la atención internacional sobre el alto nivel de violencia de la región[1]. Mucho antes de estos asesinatos, la criminalidad había aumentado en toda la región. Las comunidades de la zona han sufrido asesinatos y algunos de sus líderes han sido desplazados por la fuerza, mientras que los grupos criminales han intensificado el reclutamiento de menores[2].

La violencia se ha intensificado en las zonas urbanas de la región de la triple frontera a medida que los grupos criminales se disputan el control de los mercados ilícitos, mientras que los grupos armados en la selva amenazan a aquellos sospechosos de informar a las autoridades estatales o de oponerse a sus operaciones. Una red de sicarios que evaden a las autoridades se ha hecho notoria en la región. Evitan responder por sus delitos no sólo porque las instituciones estatales y de seguridad son laxas, sino también porque pueden cruzar fácilmente las fronteras. Pueden cometer un asesinato en Tabatinga, Brasil, pero luego pasar por un cruce sin vigilancia a Leticia, Colombia, o coger un barco unos cientos de metros hasta Perú.

Un hombre indígena que trabajó para un grupo criminal que opera en Brasil, Colombia y Perú narró su propia historia como ejemplo de la manera en que estas organizaciones atraen a adolescentes locales para ejecutar actos de violencia. A los trece años comenzó a trabajar para un narcotraficante; su principal tarea consistía en poner en contacto a mujeres indígenas jóvenes con redes de explotación sexual[3]. A los diecisiete años, se había convertido en sicario y finalmente llegó a ser coordinador de un grupo compuesto por más de tres docenas de sicarios[4]. Esta carrera criminal, dice, dejó cicatrices tanto físicas como mentales. “Cada noche, cuando cierro los ojos, veo los rostros de aquellos a quienes he asesinado, los cuerpos que he desmembrado”, confesó el sicario[5]. 

Una vez que una persona se ha integrado a un grupo criminal, abandonarlo es muy difícil. Para quienes están decididos a salir de una organización, hacerse miembro de una iglesia evangélica es la forma más segura. Estas iglesias han llegado a un entendimiento con los líderes de las organizaciones criminales según el cual aceptarán la salida de un miembro siempre que pueda demostrar genuina fe y devoción[1]. “El gobierno no logra hacer esto, y así no le cuesta dinero al Estado”, afirmó el líder de una iglesia evangélica en Benjamin Constant, una pequeña población brasileña[2]. Pero no a todo el mundo se le ofrece esa opción. El exjefe del indígena sicario, un destacado narcotraficante local, tenía plantaciones en Perú donde, según dijo, alimentaba a los caimanes con los cadáveres de sus enemigos[3].

Grupos del crimen organizado se han establecido en los principales centros urbanos de esta parte de la Amazonía, provocando picos de violencia letal a su paso. Las personas amenazadas en Tabatinga son advertidas a través de listas de muerte difundidas en redes sociales y grupos de mensajes de texto. En las listas a las que Crisis Group tuvo acceso, aparecían fotografías de las personas con la palabra “decretado” escrita sobre sus rostros[4]. Las listas incluían miembros de grupos rivales, mujeres involucradas en la venta de drogas para facciones rivales y hombres inmersos en disputas sentimentales con miembros de los grupos[5].

La violencia de género se ha vuelto alarmantemente común en Tabatinga, pero hay pocos servicios de apoyo o albergues en la ciudad. En otras partes de Brasil, sobre todo en grandes ciudades como Río de Janeiro, existe una mayor red de apoyo, a menudo con el respaldo de organismos estatales como el Ministerio de la Mujer. Según informes, miembros de los grupos criminales han perpetrado violaciones colectivas en Tabatinga, entre cuyas víctimas se encuentran menores de edad[6]. A principios de 2024, miembros de Comando Vermelho pintaron con aerosol amenazas en las paredes del único albergue para víctimas de violencia de género en Tabatinga[7]. Del lado colombiano de la frontera, el departamento de Amazonas registra la tasa más alta de violencia de género de todo el país[8]. Mujeres jóvenes y niñas de comunidades ribereñas de la parte colombiana y peruana del río Amazonas suelen ser atraídas, a veces con pretextos, para trabajar en zonas de cultivos de coca en Perú, donde frecuentemente son sometidas a explotación sexual o incluso asesinadas. La violencia sexual está especialmente extendida en las comunidades indígenas, y a menudo va de la mano del consumo de alcohol[9].

Las fuerzas de seguridad estatales también perpetran actos de violencia, según dijeron los pobladores locales a Crisis Group. En Tabatinga, agentes de la Policía Militar brasileña presuntamente torturaron y asesinaron a siete hombres en 2021; algunos de los cadáveres luego fueron arrojados al vertedero de basura local[10]. Los funcionarios públicos de la zona dicen estar al tanto de estas acusaciones[11]. Sin embargo, las consecuencias judiciales para estas acciones siguen siendo difíciles de alcanzar. “No creo que el sistema de justicia esté preparado para perseguir a los funcionarios de las fuerzas de seguridad”, afirmó una fuente estatal[12]. Familiares de una víctima de asesinato han recibido amenazas explícitas advirtiéndoles de no llamar la atención sobre la falta de repercusiones para los autores de la violencia[13]. “En nuestra percepción, estas agrupaciones [criminales] están muy bien organizadas también dentro de las instituciones, especialmente en la policía”, explicaron funcionarios de Tabatinga[14]. Altos funcionarios de la Policía Militar en Tabatinga entrevistados por Crisis Group desestimaron las acusaciones de corrupción e irregularidades al interior de su institución[15].

La proliferación de actividades criminales amenaza la seguridad de las comunidades que durante mucho tiempo han hecho de la Amazonía su hogar, destruyendo los lugares donde viven y provocando violencia. Los grupos indígenas y ribeirinhos (personas no nativas de la selva tropical que llegaron a la Amazonía durante la fiebre del caucho de finales del siglo XIX y principios del XX) se sienten amenazados y desprotegidos por el Estado. Debido a su papel fundamental como defensores del medio ambiente, los ataques contra estas comunidades indígenas podrían dar paso a una destrucción acelerada de la selva tropical.

Las incursiones de grupos criminales en tierras indígenas ponen en peligro a estas comunidades[1]. Una de las zonas amenazadas es el Valle del Javari en Brasil, que alberga una mezcla de grupos voluntariamente aislados y otros en “contacto inicial” con el mundo occidental. (El contacto inicial se refiere al período en el que grupos externos establecen por primera vez una comunicación regular y una relación formal con el grupo previamente aislado)[2]. Los yurí-passé, un grupo seminómada compuesto por aproximadamente 400 miembros que han vivido en aislamiento voluntario durante al menos 500 años en el Parque Nacional Río Puré en Colombia, también están en riesgo[3]. Facciones guerrilleras y mineros ilegales de oro están invadiendo sus tierras, lo que podría conducir a su extinción, en gran parte porque pueden exponer a estas comunidades a enfermedades contra las que carecen de inmunidad. Según un experto en asuntos indígenas, “estos contactos no regulados normalmente pasan por debajo del radar institucional y generan consecuencias nefastas”[4]. Cuando estos grupos desaparecen, la selva se vuelve más vulnerable a la explotación, lo que puede provocar efectos en cascada que perjudiquen a todo el ecosistema.

La demarcación de territorios, es decir, establecer límites legales en torno a las tierras que se considera que pertenecen a determinadas comunidades, es útil pero insuficiente para proteger a estos grupos. Brasil, Colombia y Perú han hecho todo lo posible por demarcar los territorios indígenas, pero sin servicios estatales y de seguridad eficaces, los grupos criminales siguen invadiendo estas áreas. En Brasil, los líderes indígenas manifiestan que compartir información detallada sobre las rutas del tráfico de drogas y el modus operandi de las organizaciones criminales locales con las fuerzas de seguridad no ha dado lugar a una respuesta tangible[5]. 

De hecho, los miembros de estos grupos dicen que hablar es peligroso. Un líder indígena le contó a Crisis Group que las violentas amenazas por parte de delincuentes que pretendían explotar los recursos naturales de la región lo obligaron a abandonar el Valle del Javari. Ni siquiera al mudarse de ciudad pudo protegerse de este grupo criminal: hombres armados, dijo, lo persiguieron hasta su refugio en el interior de Brasil[6]. En Colombia, guerrillas y grupos criminales han ingresado a territorios indígenas para reclutar jóvenes, amenazando a los líderes de la comunidad que se oponen a su presencia. Mientras tanto, líderes indígenas en Perú han denunciado a funcionarios estatales por vender a inversores privados parcelas de tierra dentro de territorios indígenas legalmente demarcados[7].

Dado lo mucho que está en juego no sólo para aquellos expuestos al reclutamiento sino para la propia supervivencia de las comunidades indígenas, los miembros de estos grupos han organizado sus propias guardias, vigilando los ríos y otros puntos de acceso a sus tierras[8]. Aunque estas iniciativas podrían, en teoría, funcionar como un sistema de alertas tempranas para los funcionarios gubernamentales que tratan de evitar las incursiones de los grupos criminales, esto no ha ocurrido en la práctica. Los pobladores del lado colombiano del río Amazonas, por ejemplo, alertaron a las autoridades de policía locales de la entrada de pelacaras (la palabra utilizada para referirse a los intrusos armados) a su territorio en varias ocasiones en 2023, pero las fuerzas de seguridad no actuaron ante la alerta[9]. Del mismo modo, líderes indígenas en Perú han informado de la presencia miembros de Os Crías y Comando Vermelho en las poblaciones de Bellavista Callaru, Santa Rosa y Caballococha[10]. 

Los ribeirinhos, descendientes de las personas reclutadas para trabajar en la industria del caucho de la Amazonía en el siglo XX, también luchan por sobrevivir en la región. Los ribeirinhos llevan mucho tiempo viviendo en la pobreza. Atraídos a la selva para recolectar látex a finales del siglo XIX y trabajar en las caucheras durante la Segunda Guerra Mundial, fueron sometidos a condiciones de explotación, llegando en algunos casos a la esclavitud como resultado de tener una deuda impagable. Actualmente, sus descendientes se dedican a la pesca. Sin embargo, cada vez les resulta más difícil subsistir con esta actividad.

Una de las dificultades que enfrentan se debe a la decisión del gobierno brasileño en la década de 1990 de demarcar los territorios indígenas en el Valle del Javari para proteger a los grupos ancestrales amenazados por taladores. Aunque esta iniciativa se basaba en los intereses de las comunidades y el medio ambiente, uno de sus efectos secundarios fue limitar la capacidad de los ribeirinhos para pescar en tierras indígenas. Miembros de grupos indígenas ahora patrullan las aguas y se enfrentan a los pescadores, a veces con escopetas. No son los únicos que están tomando medidas drásticas contra los ribeirinhos. “Nací en territorio indígena”, dijo un ribeirinho ya mayor, cuyo padre llegó a la región durante el auge del caucho de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, afirma, las fuerzas de seguridad estatales y federales han aumentado el escrutinio sobre delitos ambientales. Lo sancionan incluso cuando lleva pescado capturado en zonas permitidas[1].

Sin duda, los ribeirinhos no son todos espectadores inocentes. Varios ribeirinhos fueron detenidos en relación con los asesinatos de Bruno Pereira y Dom Phillips. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han tomado medidas contra la pesca en aguas protegidas por parte de ribeirinhos. Sin embargo, las restricciones impuestas a sus medios de subsistencia tradicionales han obligado a que muchos de ellos busquen trabajo en los mercados ilícitos. Los grupos del crimen organizado a menudo consiguen atraer a los ribeirinhos más jóvenes a sus filas[2]. 

El aumento de la actividad criminal en la región fronteriza ha generado daños ambientales, aunque no al ritmo observado en otras partes de la Amazonía[1]. En toda la cuenca del Amazonas, la ganadería y la agricultura industrial son las principales fuerzas que destruyen la selva tropical[2]. Ese no es el caso en la región de la triple frontera, particularmente en Perú, donde las plantaciones de coca (que requieren arrasar menos hectáreas de bosque que otras actividades) son el principal motor de la degradación ambiental[3]. Aun así, la rápida expansión de las economías criminales probablemente presagie peores niveles de destrucción ambiental y pérdida de control estatal sobre la selva tropical en el futuro. Estas zonas fronterizas, a las cuales ya han ingresado los mineros ilegales de oro y narcotraficantes, podrían convertirse en uno de los próximos terrenos yermos amazónicos si no se toman medidas urgentes. Fuentes afirman que varios líderes indígenas han permitido que se realicen plantaciones de coca a cambio de dinero. “Con gusto se han decidido a deforestar su bosque”, dijo a Crisis Group un líder de una comunidad indígena[4].

No son sólo los cultivos de coca, sino también la producción de cocaína lo que está dañando la selva. En el proceso de la elaboración de pasta de coca, los laboratorios operados por grupos criminales vierten residuos químicos (entre ellos acetona, gasolina y ácido sulfúrico) en los ríos y el suelo de la Amazonía[5]. Cerca de Tipísca, en Colombia, los pobladores se quejan de los laboratorios de droga en las comunidades peruanas cercanas. “Nos perjudica a nosotros porque para hacer el proceso de la cocaína cuando llueve todo lo que es químico lo arrastra el caño”, dijo un líder indígena, quien agregó que su comunidad se ve obligada a consumir aguas contaminadas[6].

Los asentamientos humanos también han acelerado la deforestación. Un grupo cristiano conocido como los israelitas ha construido varios complejos, especialmente en el lado peruano de la frontera. Anticipando una grave sequía y hambruna que según creen marcará el comienzo del juicio final, los líderes de la secta ordenaron a sus seguidores que se establecieran en la selva. Los colonos han cortado el bosque en tierras cercanas a sus hogares, lo que los convierte en un importante impulsor de la deforestación[1].

La extracción ilegal de oro también está contaminando los ríos de la Amazonía, como el Puré (Purué). Las gigantescas dragas mineras remueven tanto sedimento en busca de finas concentraciones de oro que en ocasiones se altera el curso de los ríos. Cada una de estas máquinas pueden costar hasta $500 000 dólares, pero las ganancias son tan grandes que los operadores recuperan su inversión en unos pocos meses[2]. Otro efecto alarmante de la búsqueda de oro es la descarga de mercurio en los ríos y tierras circundantes, el cual puede causar daños irreversibles al sistema nervioso de quien lo ingiere[3]. Análisis de sangre de los indígenas que habitan a lo largo de los ríos donde operan las dragas mineras registran niveles de mercurio muy por encima de lo que se considera seguro[4].

Una estrategia de seguridad eficaz para la región de la triple frontera debe incluir en su núcleo a los Estados y los servicios de seguridad de los tres países. Una serie de esfuerzos a pequeña escala para forjar una mayor colaboración ya han resultado fructíferos[1]. La declaración conjunta de la cumbre de agosto de 2023 de los ocho países amazónicos que conforman la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, en la que se comprometieron a “promover el intercambio de información y la cooperación policial y de inteligencia, para combatir las actividades ilegales y delitos ambientales que afectan a la Región Amazónica” podría dar un impulso mucho mayor a estas iniciativas[2]. En especial, propone establecer un centro regional de cooperación policial en Manaos. También en 2023, Colombia anunció un plan para crear otro centro de coordinación en Leticia[3].

Independientemente de qué nuevos centros se creen, Brasil, Colombia y Perú deben aprovechar el impulso generado por la cumbre de 2023 y fomentar una mayor cooperación e intercambio de información de inteligencia entre sus agencias de seguridad. Es esencial estandarizar la legislación sobre delitos ambientales entre países y utilizar herramientas tecnológicas como imágenes satelitales para detectar actividades ilegales, incluidas las plantaciones de coca y proyectos de dragado ilícitos. Los organismos judiciales y policiales deben organizar proyectos transfronterizos de seguridad contra el lavado de dinero y tráfico de narcóticos, madera, oro y mercurio. Estas estrategias se deben diseñar en colaboración con representantes de las comunidades locales, quienes tienen el mayor conocimiento sobre la forma en la que opera el crimen sobre el terreno y son los defensores forestales más efectivos en América Latina. (Por supuesto, los funcionarios estatales deben primero investigar a los líderes indígenas para asegurarse de que no hayan entablado tratos con grupos criminales)[4] .

Los gobiernos deben adoptar un enfoque multifacético para enfrentar la arraigada corrupción y la participación de funcionarios estatales en actividades ilegales, que fomentan la desconfianza mutua entre las fuerzas de seguridad que operan en la región de la triple frontera y dificultan la coordinación. Las autoridades deben fortalecer la capacidad de las fiscalías para investigar delitos ambientales que puedan involucrar a funcionarios estatales o políticos, por ejemplo, dotando a las oficinas regionales de personal suficiente, equipándolas con herramientas para rastrear los flujos financieros asociados con los sobornos. Los funcionarios que sean declarados culpables deben recibir penas lo suficientemente severas como para disuadir a otros. Además, establecer mecanismos de supervisión sólidos, como oficinas independientes de defensoría del pueblo u organismos de auditoría externa para monitorear las actividades de las fuerzas de seguridad, puede ayudar a minimizar la corrupción entre estas fuerzas. Por último, instar a las comunidades a denunciar la corrupción por parte de funcionarios estatales que trabajan en sus territorios es esencial para hacer rendir cuentas a las autoridades y crear un sistema más sólido de pesos y contrapesos.

Otros países también deben perseguir a aquellos con grandes capitales a quienes se pueda responsabilizar por los daños a la salud de la Amazonía. La UE debe utilizar su recientemente actualizado marco de trabajo sobre delitos ambientales y trabajar con las autoridades locales y las comunidades indígenas para sancionar a los responsables de infringir la ley, incluido el tráfico ilícito de vida silvestre y mercurio[1]. Poner en evidencia la extracción ilegal de materias primas como el oro y la madera, que contribuyen a la destrucción de la Amazonía y financian la delincuencia, puede ayudar a identificar a los responsables de financiar actividades perjudiciales para el medio ambiente. Del mismo modo, los Departamentos del Tesoro y de Estado de EE. UU. deben incluir a los delincuentes ambientales en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, lo que permitiría a los bancos mundiales tomar medidas contra el lavado de dinero por parte de estos individuos[2]. Los donantes internacionales también deben proporcionar recursos y asistencia técnica a las unidades de inteligencia financiera que operan tanto a nivel nacional como regional en Brasil, Colombia y Perú, para que puedan seguir mejor los rastros de dinero ilícito y permitir que las sanciones se apliquen de manera más efectiva.

Los tres países fronterizos deben abordar las condiciones socioeconómicas que llevan a los pobladores a unirse a los grupos criminales. Por ejemplo, podrían considerar aunar recursos y esfuerzos para llevar servicios estatales a zonas transfronterizas, como clínicas móviles (con personal calificado para asistir a las víctimas de violencia de género) y escuelas que puedan llegar a poblaciones en lugares remotos donde es poco probable que se construyan instalaciones permanentes. Las respuestas a emergencias climáticas, como inundaciones, sequías e incendios forestales, serían más eficaces si los equipos transnacionales también pudieran operar cruzando las fronteras y disponer de fondos tanto nacionales como de donantes extranjeros. Al mismo tiempo, las autoridades de los tres países deben ser conscientes del potencial impacto de nuevas políticas en los medios de subsistencia de las personas que habitan la zona. Aunque proteger el ecosistema es crucial, reprimir las economías de subsistencia sin proporcionar alternativas legales de empleo podría empujar a más personas a involucrarse en actividades delictivas.

Estas tensiones deben tratarse con especial cuidado a la hora de demarcar más territorios colectivos indígenas en esta región. La demarcación puede ayudar a empoderar a las comunidades indígenas para defenderse de quienes quieren utilizar su territorio para actividades ilícitas[1]. Los títulos de propiedad colectivos reconocen la relación única que los grupos indígenas tienen con la tierra. También reconocen el derecho de autodeterminación de las comunidades y el derecho a defender sus prácticas culturales[2]. Por lo tanto, junto con la demarcación de los territorios, existe un marco jurídico que reconoce la autoridad de las estructuras de gobernanza indígena sobre el territorio (la forma específica depende del país o etnia). Este reconocimiento jurídico empodera a las comunidades en sus interacciones con el Estado, incluida la policía o las fuerzas armadas, que tienen el mandato legal de salvaguardar sus derechos colectivos y brindar protección.

Dicho esto, las medidas para demarcar más territorios indígenas deben prestar mucha atención a la presencia y a las necesidades de otras poblaciones que pueden caer en la órbita del crimen organizado si no se les permite tener medios de subsistencia. A los grupos no indígenas, como los ribeirinhos, también se les podrían conceder derechos adicionales a la propiedad de la tierra y al uso de los recursos a través de títulos colectivos o comunitarios, siempre y cuando éstos se complementen con regulaciones ambientales apropiadas que fomenten actividades respetuosas con los bosques.

Mientras tanto, en las vastas extensiones de la Amazonía, las fuerzas de seguridad tendrán dificultades para fortalecer su presencia a menos que establezcan lazos fuertes con las comunidades. La población local está en la mejor posición para detectar cuándo los grupos violentos representan una amenaza para su territorio y pueden alertar a las fuerzas de seguridad sobre cualquier movimiento sospechoso[1]. Con este fin, los Estados y sus aliados extranjeros también deben apoyar a las guardias indígenas que han surgido en respuesta a las incursiones criminales[2]. Por sí solas, es poco probable que estas redes informales, generalmente desarmadas, puedan defender el territorio de los intrusos armados. Se debe exhortar a las fuerzas de seguridad a establecer lazos con estos grupos y a que actúen ante la información que les proporcionan, en lugar de rechazar sus peticiones de ayuda, como suele ocurrir actualmente. 

Los grupos criminales están llenando sus arcas a costa de la selva amazónica y de las poblaciones que alberga. Para las comunidades dispersas a lo largo de la zona de la triple frontera, estos grupos ofrecen una fuente de ingresos, pero también provocan un gran desasosiego al perpetrar actos violentos, contaminar el suelo y el agua y tomarse ilegítimamente grandes extensiones de territorio. La deforestación en esta zona fronteriza no ha alcanzado los extremos observados en otras partes de la selva tropical. Pero la debilidad de las autoridades locales y el modo en que la expansión de las organizaciones criminales refuerza la combinación de violencia letal, desintegración comunitaria y daños ambientales, plantean preguntas urgentes sobre si los tres Estados están en capacidad de cumplir los compromisos que han adquirido para proteger la biodiversidad de la Amazonía y su esencial función como regulador climático global. 

Estos asuntos ocuparán un lugar protagónico en los principales eventos internacionales que abordan los desafíos ambientales globales: la COP16 sobre Biodiversidad que se celebrará en Cali, Colombia, en octubre de 2024; la Cumbre del G20 que Brasil acogerá en noviembre de 2024; y la COP30 sobre el Clima que se reunirá en Belém do Pará, en la Amazonía brasileña, en noviembre de 2025. Los Estados que participarán en estas conferencias deben ser cautos al hacer grandes promesas para proteger el medio ambiente sin abordar también las condiciones en la Amazonía y los efectos corrosivos que el crimen, los medios de subsistencia ilícitos y la corrupción estatal podrían tener sobre las posibilidades de poner en práctica las promesas conservaduristas.

Los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad liderados por los países amazónicos y respaldados por aliados extranjeros serán cruciales para obligar a los grupos criminales a retroceder. En regiones difíciles de gobernar, donde el transporte es poco frecuente y costoso, y los organismos estatales suelen tener presupuestos inferiores a los del crimen organizado, las autoridades locales tendrán que colaborar más estrechamente con las comunidades, mientras que los habitantes necesitarán más oportunidades de subsistencia lícitas si se quiere evitar que se unan a los grupos criminales. Los líderes mundiales que buscan aprovechar estas cumbres para salvaguardar la Amazonía para la humanidad no deben perder de vista el crimen que se encona en la selva tropical. 

Bogotá/Bruselas, 17 de julio de 2024