Op-Ed / Asia 08 June 2010 3 minutes ¿Justicia para Sri Lanka? Share Facebook Twitter Email Linkedin Whatsapp Save Print Una paz duradera en Sri Lanka pasa por la investigación internacional del alcance de las violaciones de derechos humanos, así como la búsqueda de responsabilidades, durante la guerra entre las fuerzas gubernamentales y los tigres tamiles. Una justicia penal internacional eficaz no puede ser selectiva. Tras el primer aniversario del final de la guerra civil en Sri Lanka, la comunidad internacional, contrariamente a su línea de actuación en otros casos, no ha tomado todavía las medidas oportunas para perseguir a los responsables de los crímenes de guerra cometidos durante los últimos meses de conflicto. Mientras el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas tomaba la decisión de enviar una misión de investigación a Gaza el año pasado, el mundo permanecía impasible ante los miles de civiles, víctimas de violaciones a los derechos humanos en Sri Lanka. Tal discordancia pone en serio peligro el proyecto de justicia internacional. El 3 de abril de 2009, el presidente del Consejo de los Derechos Humanos creó la misión de investigación sobre el conflico de Gaza. Ésta tenía el objetivo de esclarecer todas las violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario perpetradas durante las operaciones militares llevadas a cabo en Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009. Al mismo tiempo, en la región srilankesa de Vanni, centenas de miles de civiles de todas las edades, a menudo heridos, débiles o hambrientos, se agolpaban en la segunda zona de seguridad delimitada por el Ejército nacional. Los últimos reductos de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE, en sus siglas en inglés), apostados entre los civiles, se aseguraban de que, temerosos ante nuevos bombardeos por parte de las fuerzas gubernamentales, éstos no huyeran hacia zonas controladas por el Estado. La guerra se terminaba a finales de mayo de 2009. Es difícil de evaluar con precisión el número de civiles tamiles muertos a lo largo de los últimos cinco meses del conflicto que durante 30 años había enfrentado al gobierno srilankés y a los tigres tamiles. Una investigación minuciosa revelaría, sin duda, decenas de miles de víctimas. El 29 de septiembre de 2009, el juez Richard Goldstone, al frente de la misión de investigación sobre la guerra de Gaza, presentó su informe ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, apelando al fin de la impunidad para los responsables de las violaciones al derecho internacional en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. La misión de la ONU estimó el número de víctimas palestinas entre 1.166 y 1.444. Ningún informe Goldstone fue redactado sobre Sri Lanka, sino más bien al contrario: en mayo de 2009, el Consejo de los Derechos Humanos adoptó una resolución en la que celebraba el cese de las hostilidades y la “liberación por parte del gobierno de Sri Lanka de decenas de miles de sus ciudadanos…” Según sugieren pruebas recientemente descubiertas, el Consejo habría realizado una mala evaluación de la situación, evitando llevar a cabo una investigación sobre las dos partes enfrentadas. Ciertas informaciones apuntan a violaciones de los derechos humanos imputables a los tigres tamiles; de la misma manera, y a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno srilankés para mantener al mundo alejado durante los últimos meses de conflicto, elementos tangibles parecen evidenciar la implicación del Ejército del país en los crímenes de guerra, incluyendo ataques contra operaciones humanitarias y hospitales, además de bombardeos deliberados a civiles que intentaban refugiarse, por consejo del propio Gobierno, en las zonas de seguridad. Una investigación minuciosa es indispensable para revelar y evaluar el alcance exacto de las violaciones al derecho de los conflictos armados y la posible responsabilidad penal de individuos situados en los más altos niveles de la comandancia civil y militar de las Fuerzas Armadas srilankesas, así como en el seno de los tigres tamiles. Sin embargo, ninguna investigación llevada a cabo por el gobierno de Sri Lanka o por un órgano creado por el mismo podrá ser considerada como imparcial, independiente o creíble. Los antecedentes en materia de impunidad, el miedo legítimo de los testigos potenciales a las represalias, y la negación del Ejecutivo a reconocer el haber causado cualquier daño, son algunos de los factores que subrayan la necesidad de un proceso internacional imparcial y creíble. Para asegurar la reconstrucción de Sri Lanka sobre una base de respeto al Estado de derecho y, especialmente, sobre el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley, es necesaria una investigación internacional. Igualmente, es preciso velar para que el futuro del país repose sobre un reconocimiento justo del pasado y que el pueblo srilankés comprenda el sufrimiento, supuestamente en su nombre, de muchos de sus ciudadanos: civiles inocentes, atrapados entre un movimiento terrorista y un Gobierno reticente a proporcionarles la protección a la que tenían derecho. La naturaleza y el alcance de los crímenes son tales, que es imposible pensar en una paz real y duradera sin que se haga justicia. Una investigación es indispensable para reafirmar el compromiso de la comunidad internacional ante el principio de responsabilidad por las violaciones graves del derecho internacional humanitario. Su puesta en práctica es muy urgente, ya que el ejemplo de Sri Lanka podría convertirse en una opción atractiva para otros gobiernos que, convencidos de actuar con total impunidad, encontrarían en él una forma de esquivar la ley. 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