Report 55 / Latin America & Caribbean 23 October 2015 4 minutes Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México Share Facebook Twitter Email Linkedin Whatsapp Save Print Download PDF Also available in English Español English Resumen ejecutivo Las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero, al suroeste de México, han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen. Las bandas de narcotraficantes no solo controlan la industria ilegal de la heroína y asedian a los ciudadanos de a pie a través del secuestro y la extorsión, sino que también han penetrado, paralizado o intimidado a las instituciones encargadas de defender la democracia y el Estado de derecho. La desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa a manos de agentes de la policía, quienes supuestamente actuaron en connivencia con miembros de bandas criminales, no fue ninguna anomalía. Para romper el ciclo de la violencia, garantizar la justicia para los desaparecidos y llevar el Estado de derecho a una región empobrecida y turbulenta, el gobierno federal debe poner la investigación de las desapariciones no resueltas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero en manos de un fiscal especial independiente respaldado por una comisión internacional con autoridad para participar activamente en los procesos. El presidente Enrique Peña Nieto ha admitido que su país se enfrenta a una crisis de confianza. A pesar de una inversión extraordinaria de recursos y personal, la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa ha estado plagada de errores y omisiones, según el informe publicado en septiembre de 2015 por expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Casi dos terceras partes de los ciudadanos de todo el país no creen en la versión del gobierno, y tres cuartas partes desaprueban el trabajo de los fiscales federales. Las víctimas y los defensores de los derechos humanos han exigido que se investigue la posibilidad de que se haya obstruido la investigación. La desconfianza hacia las autoridades es tan profunda que estas y otras investigaciones en torno a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Guerrero requieren de la credibilidad que confiere la presencia internacional. El 19 de octubre, el gobierno federal dio un paso importante al ofrecer el nombramiento de un nuevo equipo de fiscales para el caso. Este equipo trabajará con expertos de la CIDH para incorporar sus conclusiones y recomendaciones en la investigación y planificarla de manera conjunta de ahora en adelante. No obstante, la gravedad de la violencia y de la corrupción en Guerrero requiere de medidas adicionales para asegurar a la población que las autoridades están preparadas y dispuestas a investigar y castigar a los criminales que aterrorizan a los ciudadanos, así como a cualquier funcionario que los ayude o aliente, por acción u omisión. En primer lugar, las investigaciónes sobre el caso Ayotzinapa deberían estar a cargo de una fiscalía especial liderada por un fiscal de alto nivel que no provenga del gobierno y que cuente con experiencia en investigaciones sobre derechos humanos. Dicha fiscalía debería además hacerse cargo de otras investigaciones de desapariciones forzadas y graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, y contar con autoridad para iniciar nuevas líneas de investigación. En segundo lugar, estas investigaciones deberían ser asistidas y monitoreadas por una comisión internacional que actúe bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OAS) y/o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesta por expertos en derecho penal y derechos humanos. Esta comisión debería tener autoridad para participar en los procesos penales y pleno acceso a las pruebas y los testigos. Debería además trabajar con las víctimas y los grupos de derechos humanos en el desarrollo de planes para garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante las campañas de contrainsurgencia en la década de los 70 y la indemnización de los sobrevivientes. La mayor parte de los delitos siguen sin ser denunciados, y las encuestas demuestran que la mayoría de los ciudadanos desconfían de los fiscales y de la policía. Si se obliga a los funcionarios ineptos, cómplices o corruptos a rendir cuentas, las autoridades podrán comenzar a recuperar la confianza de los ciudadanos, que es fundamental para hacer cumplir la ley de manera eficaz. Asimismo, las autoridades federales y estatales deberían asegurarse de que el fin a la impunidad por violaciones graves de los derechos humanos sea una parte integral de los esfuerzos permanentes de México para reformar el sistema de justicia, a la vez que depura y profesionaliza las fuerzas policiales federales, estatales y locales. La tragedia de Ayotzinapa no es un incidente aislado. El descubrimiento de fosas comunes clandestinas en Guerrero, especialmente en los alrededores de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, dejó al descubierto un macabro y más amplio patrón de homicidios sin resolver. Y el problema no se limita a Iguala. El secuestro en mayo de 2015 de más de una docena de personas en Chilapa, donde las fuerzas estatales y federales estaban a cargo de la seguridad, demostró que, meses después de la desaparición de los estudiantes, las autoridades seguían sin querer o sin poder actuar con firmeza para prevenir y resolver este tipo de delitos. Las desapariciones proyectan una larga sombra sobre el sistema judicial, un pilar fundamental del Estado de derecho en cualquier país estable. En México hay más de 26.000 casos de personas desaparecidas sin ser resueltos, según un registro oficial. El presidente ha propuesto que se establezca una fiscalía especial para investigar estos casos. Esto es positivo, pero no es probable que se gane la confianza de los ciudadanos, dada la magnitud del problema. México debería iniciar un debate acerca de la posibilidad de crear un mecanismo nacional para resolver esta y otras graves violaciones de los derechos humanos, aprovechando los conocimientos y experiencia de los defensores de los derechos humanos mexicanos y extranjeros, a fin de descubrir la verdad, castigar a los responsables y brindar apoyo o indemnización a los familiares de las víctimas. Los funcionarios federales señalan la disminución de la tasa de homicidios en los últimos tres años como un logro importante. Pero la violencia continúa siendo intensa en estados como Guerrero, que en 2014 registró la tasa de homicidios más alta del país, y donde el derramamiento de sangre sigue en alza. Pese al despliegue de más agentes de la policía federal, el número de homicidios en el estado aumentó en un 20 por ciento en la primera mitad de 2015. Además, posiblemente las estadísticas oficiales no reflejen el verdadero nivel de inseguridad en un estado en el que alrededor del 94 por ciento de los delitos no se denuncian. La impunidad, incluso en casos de homicidio, es la norma. Según un informe reciente, a lo largo de la última década solo el siete por ciento de los delitos en Guerrero terminaron en una condena. A nivel nacional, dijo otro informe, alrededor del 16 por ciento de los homicidios registrados terminan en condena. En noviembre de 2014, el presidente Peña Nieto prometió que “después de Iguala, México debe cambiar”. Aún está a tiempo de cumplir esa promesa, pero solo si actúa con firmeza para restaurar la confianza, investigando y enjuiciando casos emblemáticos, comenzando en Guerrero y siguiendo en otros estados vulnerables. Con la creación de una entidad investigadora híbrida, el gobierno no solo garantizaría una investigación imparcial, sino que además alentaría la transferencia de conocimientos de los especialistas extranjeros a los fiscales mexicanos. La tragedia de Guerrero va más allá del fracaso de las instituciones mexicanas. Los criminales que aterrorizan a sus ciudadanos obtienen gran parte de sus ganancias de la producción y el transporte de drogas ilegales a través de la frontera norte del país. Estados Unidos debería tener un claro interés en fortalecer la seguridad y la justicia en el estado que suministra gran parte de la heroína que alimenta su creciente epidemia. Apoyar a los fiscales fuertes e independientes con financiamiento y ayuda técnica fortalecería el Estado de derecho al demostrar que ni los delincuentes violentos ni los funcionarios corruptos quedarán impunes. Download pdf to continue reading the full report Executive Summary Horrific, unpunished human rights violations have blurred the lines between politics, government and crime in Mexico’s south-western Guerrero state. Drug gangs not only control the illegal heroin industry and prey on ordinary citizens through kidnapping and extortion, but have also penetrated, paralysed or intimidated institutions obligated to uphold democracy and rule of law. The disappearance of 43 students from the Ayotzinapa teaching college in September 2014 by police allegedly acting in league with gangsters was no anomaly. To break the cycle of violence, ensure justice for the disappeared and bring rule of law to an impoverished, turbulent region, the federal government must give prosecution of unsolved disappearances and other major human rights violations in Guerrero to an independent special prosecutor backed by an international investigative commission empowered to actively participate in the proceedings. President Enrique Peña Nieto has recognised that his country faces a crisis of confidence. Despite an extraordinary expenditure of resources and personnel, the investigation into the Ayotzinapa disappearances has been riddled by mistakes and omissions, according to the September 2015 report of experts appointed by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). Nearly two-thirds of the public nationwide does not believe the government’s version, and three-fourths disapproves of federal prosecutors’ work. Victims and human rights defenders have demanded a probe into possible obstruction. Distrust of authorities is so profound that these and other investigations into major human rights violations in Guerrero require the credibility conferred by international expertise. The federal government on 19 October took an important step by agreeing to put a new team of prosecutors in charge of the case that is to work with the IACHR experts to incorporate their findings and recommendations into the investigation and jointly plan the inquiry going forward. The gravity of violence and corruption in Guerrero, however, calls for further action to assure the public that authorities are ready and willing to investigate and punish criminals who terrorise civilians and any government officials whose acts or omissions help or encourage them. First, the Ayotzinapa cases should be given to a special prosecutor’s office led by a top attorney from outside government with experience in human rights litigation. It should also take over inquiries into other enforced disappearances and major human rights violations in Guerrero, with authority to open new lines of inquiry. Secondly, these investigations should be assisted and monitored by an international commission, under the auspices of the Organization of American States (OAS) and/or the UN and composed of experts in criminal law and human rights. This commission should have authority to participate in criminal proceedings, with full access to evidence and witnesses. It should also work with victims and human rights groups to develop plans to assure accountability for abuses committed during counter-insurgency campaigns in the 1970s and compensation for survivors. Most crimes still go unreported, and polls show that a majority of citizens distrusts both prosecutors and police. By holding inept, complicit or corrupt officials accountable, authorities can start to regain the citizen trust that is essential for effective law enforcement. Additionally, federal and state authorities should make ending impunity for serious human rights violations an integral part of Mexico’s ongoing effort to reform the justice system while purging and professionalising federal, state and local police forces. The Ayotzinapa tragedy is not an isolated incident. The discovery of mass, unmarked graves in Guerrero, especially around Iguala, where the students disappeared, laid bare a gruesome pattern of more extensive unsolved killings. Nor is the problem limited to Iguala. The May 2015 abduction of more than a dozen people in Chilapa, where state and federal forces had taken security responsibility, showed that months after the students disappeared authorities remained unwilling or unable to act decisively to prevent and resolve such crimes. Disappearances cast a long shadow over the justice system, an essential pillar for rule of law in any stable country. Mexico has more than 26,000 unsolved missing person cases, according to an official registry. The president has proposed a special prosecutor’s office to investigate these cases. This is positive, but unlikely to win public confidence given the magnitude of the issue. Mexico should open a debate about creating a national mechanism for resolving these cases and other major human rights violations, drawing upon the expertise and experience of both Mexican and foreign human rights defenders to uncover the truth, punish the perpetrators and support or compensate relatives of the victims. Federal officials cite declining homicides over three years as an important achievement. But violence remains intense in states such as Guerrero, which in 2014 had the country’s highest homicide rate and where bloodshed is rising. Despite deployment of more federal police, homicides in the state rose 20 per cent in the first half of 2015. And official statistics may not reflect the true insecurity level in a state where some 94 per cent of all crimes go unreported. Impunity, even for homicide, is the norm. Over a decade, a recent study found, only about 7 per cent of Guerrero homicides have resulted in convictions. Nationally, another report said, about 16 per cent of registered homicides end in convictions. President Peña Nieto vowed in November 2014 that “after Iguala, Mexico must change”. He can still make good on this, but only with decisive action to restore confidence by investigating and prosecuting emblematic cases, starting in Guerrero and continuing in other vulnerable states. By creating a hybrid investigative entity, the government would not only ensure an impartial inquiry, but also encourage transfer of skills from foreign specialists to Mexican prosecutors. Guerrero’s tragedy is more than the failure of Mexican institutions. The criminals who terrorise its citizens derive much of their wealth from producing and transporting illegal drugs across the border. The U.S. has a clear interest in strengthening law enforcement and justice in the state that supplies much of the heroin that fuels its growing epidemic. Supporting strong, independent prosecutors with money and technical aid would bolster rule of law by demonstrating that neither violent criminals nor corrupt officials will go unpunished. Related Tags More for you Podcast / Global A Big Week for Democracy: Elections in India, South Africa and Mexico Event Recording / Latin America & Caribbean Militares y crimen: los retos para la nueva presidenta de México