Venezuela: reconstruir una ruta hacia la paz

Venezuela inicia el 2021 enfrentando una de las peores crisis económicas y humanitarias del mundo, con pocos caminos para salir del impasse político en el corazón de esta crisis.

La difícil situación de los venezolanos ha venido empeorando. Incluso antes de la llegada del COVID-19 y los bloqueos que vinieron con éste, Venezuela estaba sufriendo el colapso económico más extremo en la historia de América Latina: la economía se contrajo en un 65 por ciento entre 2013 y 2019, la tasa de inflación interanual se ubica en el 3332 por ciento. La tasa de pobreza se sitúa por encima del 95 por ciento, según la ONU más del 33 por ciento de los ciudadanos enfrentan inseguridad alimentaria, y la mayoría de los venezolanos dependen de raciones de alimentos entregadas por el Estado. Los servicios básicos, como el agua o la electricidad, no son fiables o simplemente no existen, incluso en las grandes ciudades. Estas terribles condiciones de vida han llevado a más de cinco millones de venezolanos a migrar, muchos de ellos cruzando hacia Colombia y Brasil a través de trochas informales o arriesgando sus vidas en el mar al tratar de llegar a Trinidad y Tobago y a otras islas del Caribe. Y luego llegó el virus. Las cifras oficiales indican que el número total de casos registrados en el país es bajo en comparación con sus vecinos Brasil y Colombia. Aún así, es probable que el número de víctimas sea más alto de lo que sugieren estas cifras, mientras que el daño económico causado por los cierres es incuestionablemente severo.

La crisis política es igualmente nefasta. Las elecciones parlamentarias de principios de diciembre consolidaron el poder del presidente Nicolás Maduro sobre todas las ramas del Estado, salvo algunos gobiernos locales y regionales. La mayor parte de la oposición boicoteó las elecciones, argumentando con razón que no fueron ni libres ni justas, pero su negativa a participar ha tenido un gran costo político. La mayoría de los países occidentales y latinoamericanos se han negado a reconocer al nuevo parlamento, que se posesionó el 5 de enero y está compuesto casi en su totalidad por partidarios de Maduro. Pero estos países tampoco han respaldado el argumento de la oposición de que la antigua asamblea, en la que contaban con la mayoría, conserva su mandato y que sigue siendo la base por la que Juan Guaidó declara tener un reclamo legítimo a la presidencia. La mayoría de los aliados extranjeros de la oposición, incluidos tanto la UE como el Grupo de Lima (una alianza de países de toda América que se alinearon con la estrategia de “máxima presión” de EE. UU. para derrocar a Maduro), ahora evitan referirse a Guaidó como presidente interino. Una oposición fracturada se enfrenta a la urgente tarea de reunificarse en torno a una estrategia política coherente.

La mejor opción (retomar negociaciones sustanciales destinadas a un acuerdo pacífico) depende de las luchas internas de ambos bandos. Si los más inclinados a  hacer concesiones no prevalecen, el enfrentamiento continuará entre un Estado autoritario y un movimiento de oposición vencido en Venezuela, pero aún respaldado en el exterior, en especial en EE. UU. y Colombia. Ese escenario no solo perpetuaría la tragedia en el país, sino que también representaría peligros reales de inestabilidad prolongada e incluso disturbios violentos.

En estas circunstancias, la UE y sus Estados miembros deberían:

• Colaborar cuanto antes con la nueva administración de los EE. UU. para diseñar una política coordinada para Venezuela que tenga como objetivo la restauración gradual de la legitimidad estatal a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones.
   
• Exhortar a Washington a que lleve a cabo una revisión con fines humanitarios de las sanciones existentes, implemente rápidamente exenciones humanitarias para permitir el alivio de la emergencia generada por el COVID-19 y revierta otras sanciones que causan daños a la población que se podrían evitar.
   
• La UE debe persuadir a los socios extranjeros de Venezuela, incluidos Cuba, Rusia y China, para que insten a Maduro a permitir el acceso a organizaciones multilaterales que pueden ofrecer ayuda humanitaria necesaria con urgencia para los venezolanos en casa, así como a los que se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe. Además, debería aumentar su apoyo financiero para ayudar a alcanzar los objetivos fijados por la ONU para la crisis venezolana.
   
• Presionar al gobierno y a la oposición para que desistan de la contienda de todo o nada en la que el objetivo es la eliminación del otro. Es probable que cualquier acuerdo final implique que el gobierno acepte elecciones presidenciales libres y justas y que la oposición renuncie a su exigencia de que Maduro deje el poder antes de que pueda iniciar cualquier transición. Para la UE, también tendría sentido interactuar con una gama más amplia de figuras de la oposición que la actual.
   
• El objetivo de mediano a largo plazo sigue siendo instar al gobierno de Maduro y a una amplia gama de partidos de oposición a volver a participar en negociaciones, usando como base el proceso facilitado por Noruega y suspendido a mediados de 2019. El Grupo de Contacto Internacional, copresidido por la UE, podría liderar iniciativas de coordinación con los EE. UU. y los países del Grupo de Lima, e incorporar un anillo exterior de garantes internacionales que incluya a aliados de Maduro. El Grupo de Contacto debería hacer esfuerzos tempranos para identificar dónde podrían converger los intereses de Rusia, China y Cuba con respecto a Venezuela con los de la UE y el Grupo de Lima.

¿Una ruta para salir de la compleja situación humanitaria?

La compleja situación económica y humanitaria que enfrenta Venezuela no se puede separar de las acciones del gobierno del presidente Maduro, en primer lugar, de su flagrante mal manejo de la economía desde 2013, y segundo, de sus maniobras desde 2016 para negarle el poder y un espacio político a sus opositores. Éstas últimas llevaron a los críticos de Maduro a formar una coalición, liderada por Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional y “presidente interino” desde 2019, y respaldada por casi 60 países hasta el momento, con el objetivo de derrocar a su gobierno. Las elecciones parlamentarias de diciembre señalan el fracaso de estos esfuerzos por deponer a Maduro, quien parece más fortalecido que en los últimos tiempos. También marcan el fracaso de la agresiva estrategia de “máxima presión” destinada a derrocarlo durante los dos últimos años.

Pero la paz y la estabilidad no están más cerca como resultado de la aparente victoria de Maduro. Las amplias sanciones estadounidenses y los efectos de la pandemia han hecho que la recuperación económica sea aún más difícil de conseguir. En todo el país, numerosos grupos armados no estatales, desde la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de crimen organizado hasta unidades parapoliciales conocidas como colectivos, ejercen control sobre la población y el territorio, a veces con la aprobación de políticos y oficiales militares. La desesperación sigue impulsando la salida de migrantes y refugiados.

Las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada por la crisis: casi 400 víctimas de trata de personas fueron rescatadas en los últimos dos años, un número que probablemente sea una fracción del total de víctimas de este crimen. La pandemia ha empeorado las graves condiciones a las que se enfrentan las mujeres venezolanas (Venezuela lleva varios años entre los quince países del mundo con el mayor número de feminicidios), con un aumento en los casos de violencia de género registrados por diversas ONG de al menos un 30 por ciento. La crisis económica también ha afectado la igualdad de género en el mercado laboral, con una caída de 10 puntos en la participación de las mujeres entre 2002 y 2020, lo que convierte a Venezuela en el peor país para las mujeres trabajadoras en toda América.

Las negociaciones siguen siendo la mejor ruta para llegar a un acuerdo, pero tanto el gobierno como la oposición tendrán que cambiar de rumbo. Los diálogos anteriores, incluidas los patrocinadas por Noruega en 2019, colapsaron debido a la intransigencia de ambas partes. El gobierno rechazó cualquier medida que pusiera en riesgo su control sobre el poder. La oposición hizo exigencias poco realistas, en especial insistiendo en la salida inmediata de Maduro. Para que las negociaciones se reanuden con alguna posibilidad de éxito, ambas partes deben estar dispuestas a hacer concesiones: el gobierno debe aprobar una reforma que permita llevar a cabo elecciones libres y justas, y la oposición debe hacerse a la idea de una transición gradual que les garantice a los miembros del gobierno de Maduro y su movimiento chavista que no serán perseguidos y que podrán ejercer de manera continua su derecho a la participación política.

Maduro podría ser más flexible en un nuevo diálogo si la posibilidad de que las sanciones sean levantadas progresivamente está sobre la mesa. Además de acelerar la disminución en la producción de petróleo y derivados que enfrentaba el país, las sanciones de EE. UU. dirigidas a la industria petrolera han hecho que la gasolina sea extremadamente escasa en Venezuela, lo que ha provocado largas filas y una escasez crónica. Las sanciones financieras y secundarias han obligado al gobierno a operar principalmente en efectivo, limitando el número de empresas y países dispuestos a comerciar con Caracas. El sobrecumplimiento de las sanciones por parte de intermediarios financieros ha tenido un impacto severo en empresas legítimas e incluso en las ONG, agravando la crisis humanitaria. 

Aunque levantar todas las sanciones incondicionalmente podría verse como una forma de revindicar la determinación de Maduro de no ceder el poder, el nuevo gobierno de EE. UU. debería revertir de inmediato las sanciones que causan un costo humanitario inaceptable, sobre todo durante la emergencia del COVID-19. Por ejemplo, EE. UU. debería rescindir la medida que elimina los permisos que permitían cambiar petróleo crudo por el diésel necesario para transportar alimentos y otros productos básicos. Washington debería flexibilizar progresivamente otras medidas siempre que el gobierno venezolano avance hacia la restauración de los derechos civiles y políticos, y levantar las sanciones por completo si las partes llegan a un acuerdo negociado.

Los gobiernos europeos y otros involucrados deben tener en cuenta varias otras cuestiones. Las negociaciones solo tendrán futuro si involucran a una amplia gama de partes no gubernamentales. Estos deben incluir corrientes que no coincidan con la estrategia de Guaidó, tales como el excandidato presidencial Henrique Capriles de Primero Justicia y Stalin González de Un Nuevo Tiempo, así como algunos de los que participaron en las elecciones, entre ellos el exgobernador chavista Henri Falcón de Avanzada Progresista. Cualquier acuerdo debe incluir garantías para ambas partes. Para la oposición, esto probablemente implicará reformas constitucionales que pongan fin a la reelección presidencial indefinida, reintroduzcan una cámara alta del parlamento y restauren la representación proporcional en las elecciones legislativas. Tales medidas también protegerían a los chavistas si llegan a convertirse en la oposición. Los militares necesitarán garantías con respecto a su estatus institucional y sobre las perspectivas profesionales de los oficiales. Las partes deben llegar a un acuerdo sobre un sistema de justicia transicional. Cualquier acuerdo también tendría que proteger los derechos sociales y económicos para calmar los temores chavistas de que haya una represalia “neoliberal”.

Recomendaciones para la UE y sus Estados miembros

Una prioridad inmediata es la ayuda humanitaria, tanto para los venezolanos que permanecen en el país como para los migrantes y refugiados en otros lugares de la región. El mundo no ha respondido adecuadamente a la emergencia: en 2019, la ONU recibió poco más de la mitad de los $738 millones que había solicitado para mitigar la crisis migratoria, y la respuesta en 2020 fue de menos de una quinta parte. Tanto el gobierno como la oposición han tendido a usar la ayuda humanitaria como un arma política, incluso si eso acarrea un alto costo para quienes dependen de ella. La UE debería presionar a todas las partes para que permitan que la ONU desarrolle un programa de ayuda humanitaria a gran escala bajo directrices reconocidas internacionalmente para enfrentar la emergencia. Un acuerdo entre el gobierno y la oposición sobre una respuesta humanitaria internacional integral podría facilitar conversaciones más amplias en el futuro.

La llegada de una nueva administración a la Casa Blanca ofrece una oportunidad para que la UE y sus Estados miembros busquen un enfoque de mayor cooperación por parte de Washington. La situación humanitaria es la prioridad también desde esta perspectiva. Bruselas debería instar a la administración entrante de los EE. UU. a iniciar una revisión de las consecuencias humanitarias de las sanciones existentes y presionar a Washington para que las levante cuando sea necesario. Las conversaciones también deberían enfocarse en el tema de los activos de Venezuela en el exterior; actualmente controlados en gran medida por el “gobierno” de Guaidó, estos deberían ser puestos bajo una supervisión internacional neutral y así evitar posibles abusos y corrupción.

Además, los líderes europeos deben presionar al gobierno de Maduro para que aproveche el corto momento que tiene antes de que la Corte Penal Internacional decida si iniciará una investigación completa sobre acusaciones de que las autoridades civiles venezolanas, miembros de las fuerzas armadas y partidarios del gobierno venezolano cometieron crímenes de lesa humanidad. Idealmente, Caracas respondería a la indagación con pasos concretos para poner fin a la represión política y comenzar, en concierto con la oposición, a diseñar un sistema de justicia transicional para judicializar los delitos cometidos tanto por el gobierno como por sus opositores en los últimos años.

El objetivo final sigue siendo el mismo: unas elecciones presidenciales creíbles donde un cambio de poder sea una posibilidad real, como parte de una transición pacífica que garantice que quien pierda no deba enfrentar algún tipo de persecución o exclusión del poder. Un acuerdo, con respaldo internacional, sobre las condiciones para la plena participación y el reconocimiento internacional de las elecciones de 2021 para gobernadores estatales sería un paso importante en esa dirección, y también podría propiciar las condiciones para reiniciar negociaciones encaminadas a una solución definitiva.

Sin embargo, mientras Caracas cuente con el respaldo total de Rusia, China, Cuba e Irán, Maduro no se sentirá obligado a comprometerse con una opción negociada, en especial una en la que exista alguna posibilidad de que él o un sucesor pierda el poder. La UE debería centrar sus esfuerzos diplomáticos en comprometer a esos países, identificar asuntos de interés común y resolver las diferencias. Las negociaciones que inicien con el respaldo de EE. UU. y los aliados extranjeros de Maduro tendrán muchas más posibilidades de resolver lo que hasta ahora ha sido una disputa sin solución.